Admite la inconstitucionalidad de la interpretación según la cual la interrupción del embarazo de feto anencefálico sea conducta tipificada en los artículos 124, 126 e 128, incisos I y II, del Código Penal.
Respalda el aborto legal de fetos comprobadamente anencefálicos.

Establece la responsabilidad de la Entidades Promotoras de la Salud (EPS) para evaluar si la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es procedente en cada caso concreto bajo criterios científicos y con observancia de la jurisprudencia.

Esta ley garantiza los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.
En su su Título II, artículos 13 y 14, se concreta la despenalización de la práctica del aborto inducido durante las primeras 14 semanas del embarazo . Durante este tiempo, la mujer podrá tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción de su embarazo. No habrá intervención de terceros en la decisión.
En su artículo 15 señala que el plazo de posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo aumenta hasta la semana 22 en casos de "graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto". A partir de la vigésima segunda semana, solo podrá interrumpirse el embarazo en dos circunstancias: que "se detecten anomalías en el feto incompatibles con la vida" o que "se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico".

Esta sentencia reitera que la causal salud no está referida únicamente a la salud física, certificada por un médico, sino también a la afectación de la salud mental certificada por un profesional de la psicología. Además, ordena la implementación de procesos masivos de educación sobre Salud Sexual y Derechos Reproductivos.