La Ley tiene por objeto prevenir y combatir la trata de personas en todas sus formas y manifestaciones, entre las cuales el tráfico de migrantes, el embarazo forzado y la explotación sexual, prestando especial atención a las víctimas mujeres, niñas, niños y adolescentes. La ley se basa en el principio de no discriminación de las víctimas.  El preámbulo de la normativa reconoce que los derechos humanos de las personas requieren una protección especial, y que «es necesario continuar brindando seguridad y mejorando la situación de las personas sin distinción de etnia, sexo, edad, idioma, religión, orientación sexual, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen, nacionalidad, posición económica o cualquier otra condición social o migratoria o ideología».

En cuanto al artículo 5, éste se refiere al respeto de los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, sin discriminación alguna por razón de sexo o estatus migratorio (entre otras razones). Por otro lado, el artículo 16, dando una definición de la vulnerabilidad, identifica a las mujeres y a los migrantes como siendo grupos vulnerables entre las víctimas de la trata : « Es la circunstancia particular de una persona, que determinada por su condición económica, género, edad, sexo, discapacidad, cultura, educación, geográfica, social, humana, violencia, discriminación, situación migratoria, pertenencia a un pueblo originario, credo u otro factores, es susceptible de que un tercero se aproveche con la finalidad de explotarla ».