Declara de interés y prioridad nacional para la República de Colombia, la atención integral estatal a la lucha contra el VIH -Virus de Inmunodeficiencia Humana- y el SIDA -Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida-. El Estado y el Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizará el suministro de los medicamentos, reactivos y dispositivos médicos autorizados para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades ruinosas o catastróficas, de acuerdo con las competencias y las normas que debe atender cada uno de ellos.

La presente Ley tiene como objeto asegurar el acceso de la población a los servicios de planificación familiar, que conlleve la información, consejería, educación sobre salud sexual y reproductiva a las personas y provisión de métodos de planificación familiar. Además establecer mecanismos dirigidos a la consecución de nuevas fuentes de financiamiento local, reduciendo la dependencia histórica de los servicios de planificación familiar de donantes internacionales.

La Política  nacional de atención integral a la salud de la mujer incorpora, en un enfoque de género, la integralidad y la promoción de la salud como principios rectores, y busca consolidar los avances en el campo de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la mejora de la atención obstétrica, en la planificación familiar, en la atención al abortamiento inseguro y en el combate a la violencia doméstica y sexual.

Sus objetivos generales son promover la mejora en las condiciones de vida y salud de las mujeres brasileñas, a través de la garantía de derechos legalmente constituidos y ampliación del acceso a los medios y servicios de promoción, prevención, asistencia y recuperación de la salud en todo el territorio brasileño; contribuir con la reducción de la morbilidad y mortalidad femenina en el Brasil, especialmente por causas evitables, en todos los ciclos de la vida y en los diversos grupos poblacionales, sin discriminación de cualquier especie; y ampliar, cualificar y humanizar la atención integral a la salud de la mujer en el Sistema Único de Salud.

Establece que las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, incorporándose las mismas al Programa Médico Obligatorio. La ley consagra derechos para toda mujer  relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto (art. 2) y asimismo, derechos para toda persona recién nacida (art. 3).