En un compromiso decidido de las instituciones signantes por garantizar el libre ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, se inscribe la responsabilidad constitucional y legal de prevenir y erradicar cualquier forma de violencia y discriminación en contra de ellas, en específico, la política en razón de género que atente contra el libre ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Su contenido responde, además, a una demanda manifiesta por dotar de herramientas prácticas de actuación tanto a mujeres, partidos políticos, organizaciones sociales, grupos de mujeres y demás instancias relacionadas con la defensa de los derechos político-electorales de las mismas.