Acción para la igualdad, el desarrollo y la paz en América Latina y el Caribe
Este informe regional, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se basa en 25 informes preparados por países y territorios de América Latina y el Caribe, a partir de los exámenes nacionales exhaustivos realizados con ocasión de los 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing (Beijing+30), que fue aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y que presenta numerosas sinergias con la Agenda Regional de Género, emanada de los compromisos asumidos en las distintas reuniones de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.
El informe presenta tanto los avances como los retrocesos y desafíos regionales en el ámbito de la igualdad de género. Uno de los avances se relaciona con la producción de información oficial con perspectiva de género, imprescindible para romper el silencio estadístico en esta materia. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, por ejemplo, es una herramienta muy importante de la que dispone la región para el seguimiento de indicadores estratégicos, cuyos datos se utilizaron para la elaboración de este informe. También se han logrado avances significativos en lo relativo a los marcos normativos para la igualdad de género, el desarrollo de la institucionalidad de género en los diferentes poderes del Estado y el fortalecimiento de los sistemas de información. América Latina y el Caribe cuenta, además, con una activa sociedad civil —destacan, en particular, las organizaciones de mujeres y feministas—, un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos humanos en la región.
Sin embargo, en 2025, ningún país ha logrado todavía la igualdad sustantiva en los hechos. Por ello, resulta fundamental elevar el nivel de ambición de las acciones encaminadas a llevar a cabo la transformación indispensable para el logro de la igualdad de género y la sociedad del cuidado: el objetivo común debe ser acelerar la efectiva implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de la Agenda Regional de Género, fortaleciendo la institucionalidad para transversalizar la perspectiva de género en los diferentes niveles de gobierno y poderes del Estado. Entre las medidas principales para conseguirlo, se incluyen el aumento de la asignación de recursos financieros, técnicos y humanos, la presupuestación con perspectiva de género y el seguimiento y la rendición de cuentas con participación ciudadana. Asimismo, es necesario crear un entorno seguro y propicio para posibilitar la defensa de los derechos humanos y para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia de género que se ejerce contra las mujeres y las niñas.