Los matrimonios y uniones infantiles tempranos y forzados constituyen una violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y una práctica nociva que afecta desproporcionadamente y de manera persistente a las niñas. Son causa y consecuencia de una limitada autonomía física, económica y en la toma de decisiones de las mujeres en las sociedades, profundizan la desigualdad de género para las niñas, las adolescentes y las mujeres y se vinculan con la violencia, la pobreza, el abandono escolar y el embarazo adolescente. Su impacto va más allá de las niñas, perpetuando la transmisión intergeneracional de la pobreza, afectando a sus familias y el desarrollo de las comunidades y de los países.