El objetivo de la presente ley es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política como práctica discriminatoria por razón de género, que es contraria al ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres, todo en concordancia con el principio de igualdad ante la ley de todas las personas, establecido en el artículo 33 de la Constitución Política del país.

La presente ley crea el Régimen de Reparación Integral para las Personas Sobrevivientes de Femicidio y un Fondo Económico de Reparación Integral para Sobrevivientes de Femicidio.

La presente ley amplía la tipificación del delito de femicidio a las relaciones de noviazgo, convivencia, de no convivencia, casual u otra análoga; amplía de la misma forma la tipificación de los delitos de maltrato, restricción a la libertad de tránsito, restricción a la autodeterminación, violación contra una mujer, conductas sexuales abusivas, sustracción patrimonial, daño patrimonial y limitación al ejercicio del derecho de propiedad. Finalmente, modifica los requisitos de procedencia de la prisión preventiva para aquellos delitos donde la persona investigada mantenga o haya mantenido con la víctima una relación o vínculo de pareja, sea matrimonial, unión de hecho, noviazgo, convivencia, de no convivencia, casual u otra análoga, aun cuando medie divorcio, separación o ruptura.

Define acoso sexual callejero como toda conducta o conductas con connotación sexual y con carácter unidireccional, sin que medie el consentimiento ni la aceptación de la persona o las personas a la que está dirigida, con potencial de causar molestia, malestar, intimidación, humillación, inseguridad, miedo y ofensa, que proviene generalmente de una persona desconocida para quien la recibe y que tiene lugar en espacios públicos o de acceso público (artículo 1). Adiciona una sección IV, titulada "Acoso sexual en espacios públicos o de acceso público", al título 111 del libro 11 del Código Penal.

Modifica la Ley N.° 7586, Ley contra la Violencia Doméstica, de 10 de abril de 1996, añadiendo como medida de protección el decomiso de armas y los objetos que se utilicen para intimidar o agredir, así como cualesquiera otras armas que se encuentren en posesión de la presunta persona agresora o inscritas a su nombre, y ordenar la cancelación de los permisos de portación de armas. 

Declara de interés prioritario la situación actual de la violencia contra las mujeres, debido al alto número de agresiones y femicidios que se han presentado en los últimos años y que continúan en aumento, con el objetivo de lograr la efectiva intervención del Estado en la atención de este grave problema en todas sus formas, de manera pronta e integral (art. 1º).

La presente ley  busca fortalecer la protección legal y administrativa de los derechos de las personas adolescentes ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas.

La Ley también reforma el artículo 161 del Código Penal, que sanciona el abuso sexual, es decir a quien de manera abusiva realice actos sexuales contra personas menores de edad.

La finalidad de esta ley es la de promover políticas públicas para el combate integral de la trata de personas, propiciar la normativa necesaria para fortalecer la sanción de la trata de personas y sus actividades conexas, definir un marco específico y complementario de protección y asistencia a las víctimas de trata de personas y sus dependientes e impulsar y facilitar la cooperación nacional e internacional en el tema de la trata de personas. Crea la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (CONATT) como órgano permanente para la promoción de políticas para la prevención y atención de la trata. Crea un Fondo Nacional de Prevención y Atención a Víctimas de Trata de personas.

Reforma a la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres - modifica los artículos 22 y 25 de la Ley 8589 de 2007 sobre maltrato y ofensas a la dignidad.

Reforma a la Ley contra la Violencia Domestica - Obliga a distintas instancias del Estado a ampliar la oferta de servicios para la protección y atención especializada de mujeres en situaciones de violencia intrafamiliar, tales como el asesoramiento jurídico, acompañamiento y representación legal.