La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos de atención, prevención, erradicación y sanción del acoso contra las mujeres, por su condición de tales, en la vida política, con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos y que participen en igualdad de condiciones. 

 

Ley que modifica el artículo 15 de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, habilitando permanentemente el uso de canales tecnológicos para denunciar hechos de violencia.  

Establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el covid-19. Se otorga la posibilidad de dictar medidas de protección y/o cautelares por un medio tecnológico y, cuando no es posible, el traslado de jueces y juezas a las comisarías para el inmediato dictado de estas medidas. Se garantiza la continuidad de funcionamiento de los establecimientos para la atención en salud de las mujeres e integrantes del grupo familiar víctima de violencia. 

También se puntualiza sobre el actuar de las Unidades de Protección Especial y sus mecanismos para prevenir y atender la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en riesgo o desprotección familiar.

Fortalece la interoperabilidad en el sistema nacional especializado de justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Establece diversos principios para la interoperabilidad y establece las autoridades competentes responsables de la misma.

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto sancionar los actos de acoso, en todas sus modalidades, incluidos el acoso sexual y chantaje sexual; así como la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, a fin de garantizar una lucha eficaz contra las diversas modalidades de violencia que afectan principalmente a las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida. Además, modifica  la Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, y la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, para precisar el concepto de hostigamiento sexual y optimizar el procedimiento de sanción de este tipo de actos.

El presente decreto legislativo tiene por objeto crear el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujerese Integrantes del Grupo Familiar, para contar con un sistema integrado y especializado de justicia en dicha materia y en delitos sexuales en agravio de niños, niñas y adolescentes.

El Sistema está integrado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

El Sistema tiene por objetivo asegurar el desarrollo célere y efectivo de los procesos, y permita la interacción fluida entre todos/as los/as operadores/as de la ruta procesal contra la violencia, para mejorar los tiempos de atención y respuesta a las víctimas, logrando así garantizar su integridad y seguridad, así como un real y efectivo acceso a la justicia.

Fortalece diversas normas de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Consagra la violencia de tipo económica o patrimonial como sancionable bajo la ley integral. Establece el derecho de acceso a la información; a la asistencia jurídica y defensa pública; a la promoción, prevención y atención de salud. Establece normas para el procedimiento judicial en caso de violencia contra las mujeres, entre otros. 

Introduce como circunstancias agravantes del delito femicidio contenido en el artículo 108-B del Código Penal, el hecho de que la víctima sea adulta mayor; si fue sometida para fines de explotación humana; y por último, la comisión del delito en presencia de los hijos o hijas de la víctima, o bien, de niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su cuidado. 

Modifica el Código Penal, ampliando la prohibición del beneficio de la suspensión de la pena efectiva a los condenados por lesiones leves causadas por violencia contra la mujer.

Modifica el Código de Ejecución Penal. Determina la improcedencia del beneficio penitenciario de redención de la pena por el trabajo o la educación para aquellos internos que hayan cometido delitos vinculados al crimen organizado conforme a la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado. Tampoco es procedente para los internos sentenciados por los delitos de femicidio, lesiones agravadas por violencia contra la mujer, trata de personas y formas agravadas de esta, violación sexual, entre otros.