El Reglamento delimita los alcances de la Ley, estableciendo la responsabilidades de las instituciones del Estado en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aclarando   los sujetos de protección de la Ley y delineando los procedimientos de denuncia para las víctimas. En el cuerpo de definiciones que aporta el Reglamento, se encuentra el tema de las "personas en situación de vulnerabilidad" que por su condición están más sujetas a la violencia. El Reglamento reconoce, entre otros, a la migración y al género como factores de vulnerabilidad (art. 4) 

Este texto normativo reglamenta la ley contra la Trata de Personas y el Trafico ilícito de Migrantes con el objetivo de precisar sus alcances. Mientras la Ley en sí misma no se refiere al tema de migración y género, el Reglamento incluye esta perspectiva en la regulación de las medidas de prevención, protección, asistencia y sanción. De hecho, la perspectiva de género está incluida en los principios que rigen la interpretación y aplicación del Reglamento. Asimismo, el Reglamento reconoce la especificidad de la situación de desventaja y diferencia en la cual se encuentran las mujeres frente al fenómeno de trata y trafico de personas (art.4). Por ejemplo, se aplica este enfoque de equidad de género en la promoción y participación en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades y competencias del recurso humano en salud sobre la atención integral de salud a víctimas de Trata de Personas y Tráfico ilícito de Migrantes por parte del Ministerio de Salud (art.35) y en la capacitación del personal del Ministerio Público trabajando sobre estos temas (art.40).
Más allá, el Reglamento establece las distintas responsabilidades de las instituciones del Estado en la lucha contra la trata y el tráfico ilícito de migrantes y en la protección y asistencia a las víctimas. Asimismo, en el capítulo relativo a la protección de las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes, se subraya la importancia para el Ministerio Público de tomar en cuenta "las necesidades especiales de las mujeres" (art.49.3). 
De la misma manera, las personas que "por sus condiciones sean más vulnerables, como las [...] mujeres embarazadas", benefician de una atención especial en la ejecución de las acciones de asistencia a las y los migrantes objeto de tráfico (art. 50.1). Eso también cuenta como prioridad del Ministerio de Salud que debe permitir "una atención integral de salud de la población en situación de vulnerabilidad asociada a la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, con especial énfasis en la reducción de la vulnerabilidad de mujeres" (art.11). El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se encarga de la implementación de estrategias orientadas a prevenir cualquier forma de explotación laboral, en favor de las y los trabajadores migrantes (art.14).