Normativa que  reconoce el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, entendiendo la violencia contra las mujeres como un fenómeno estructural que se expresa en las diversas dimensiones de la vida y que tiene múltiples manifestaciones. Un aspecto fundamental de la normativa es que mandata a los órganos del Estado a actuar con estándares de debida diligencia, lo que implica que investiguen o juzguen hechos de violencia de género, según corresponda, y adopten medidas oportunas, idóneas, y exhaustivas.

La presente ley, establece el derecho al trabajo a distancia o teletrabajo para todos los trabajadores y trabajadoras que tengan a su cuidado menores de catorce años, a una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, no importando la edad de quien se cuida, y que no reciban remuneraciones por esta labor, a que toda su jornada o parte de ella,  sea diaria o semanal  pueda ser ejecutada bajo la modalidad del trabajo a distancia, en la medida que la naturaleza de su labor lo permita.

Tiene por objeto establecer un régimen de protección y reparación integral para las víctimas de femicidio y suicidio femicida, y sus familias, lo que se traduce, conforme lo señala su artículo 1, en la creación y fortalecimiento de acciones efectivas y necesarias por parte del Estado para dicho fin.  En este sentido, la ley establece un concepto de víctima en su artículo 2, que se caracteriza por incluir dentro de su alcance no solo a la persona ofendida directamente por el delito, sino también a otras personas vinculadas con ella, por ejemplo, sus hijos/as, o quienes se encuentran bajo sus cuidados, inclusive su pareja actual sin convivencia, y que cobra relevancia para efectos de determinar quiénes pueden de acceder a las medidas y prestaciones de esta legislación.

Norma general que crea el Consejo  Asesor Presidencial, de carácter interministerial,  para la elaboración de la Política Nacional e Integral de Cuidados, elcual se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.  Tendrá como objetivo asesorar al Presidente de la República en la elaboración de la Política Nacional e Integral de Cuidados, considerando en su diseño el bienestar y una nueva forma de organizar socialmente los cuidados con la finalidad de asistir y apoyar a las personas que lo requieran, así como reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados desde una perspectiva de derechos humanos, de género, interseccional e intercultural. A este consejo le corresponderán las siguiente obligaciones:  Proponer al Presidente de la República los fundamentos, principios, componentes y lineamientos estratégicos de la Política Nacional e Integral de Cuidados desde una perspectiva de derechos humanos, considerando un enfoque de género, interseccional e intercultural; Proponer al Presidente de la República un marco regulatorio para la creación de un Sistema Nacional e Integral de Cuidados con  los principios y directrices,  las poblaciones objetivo y el mecanismo de gobernanza intersectorial del Sistema; Recibir información y recomendaciones de organismos públicos vinculados a la materia.

Créase un Consejo Asesor Presidencial de carácter interministerial para la elaboración de la Política Nacional e Integral de Cuidados, el que tendrá como objetivo asesorar al Presidente de la República en la elaboración de la Política Nacional e Integral de Cuidados, considerando en su diseño el bienestar y una nueva forma de organizar socialmente los cuidados con la finalidad de asistir y apoyar a las personas que lo requieran, así como reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados desde una perspectiva de derechos humanos, de género, interseccional e intercultural.

La presente ley introduce diversas modificaciones en el ordenamiento jurídico, con el objeto de establecer la mayoría de edad como un requisito esencial para la celebración del matrimonio.

Ley que modifica el Art. 5° bis de ley 20.584, que regula los derechos y deberes que las personas tienen en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, incorporando a los cuidadores y cuidadoras de personas como titulares del derecho a ser atendidos preferente y oportunamente por cualquier prestador de acciones de salud.

Esta ley, en vigencia a partir de marzo 2022, consagra los cuidados paliativos y los derechos de las personas que padecen enfermedades terminales o graves. Esta ley tiene por finalidad reconocer, proteger y regular, sin discriminación alguna, el derecho de las personas que padecen una enfermedad terminal o grave a una adecuada atención de salud, en la forma que dispone la presente ley y un reglamento dictado por el Ministerio de Salud.

El objetivo de la presente ley es promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género, para todas las personas que se relacionen en comunidades académicas de educación superior, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual. 

El objeto de la presente ley y sus reglamentos es regular el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los extranjeros del país, y el ejercicio de derechos y deberes, sin perjuicio de aquellos contenidos en otras normas legales. 

Asimismo, esta ley regula materias relacionadas con el derecho a la vinculación y el retorno de los chilenos residentes en el exterior, que se indican en el Título respectivo. 

Estas disposiciones también serán aplicables a los refugiados y a los solicitantes de reconocimiento de dicha condición, así como a sus familias, en todas aquellas materias que la ley No 20.430 y su reglamento se remitan a las normas sobre extranjeros en Chile, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

Resolución dictada por el Servicio Electoral de Chile que determina que desembolsos efectuados por candidatos y candidatas por el cuidado de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores podrán ser gastos de campaña. Las candidatas y candidatos podrán reembolsar como gasto de campaña lo que deban destinar a pagar por el cuidado de sus hijos, personas dependientes y adultos mayores a su cargo, mientras realizan labores de campaña. Los gastos indicados se han incorporado al Manual de Financiamiento y Gasto Electoral del Servel, dentro del ítem “gastos menores y frecuentes de campaña”, a partir del actual proceso eleccionario y para todas las elecciones futuras. Su rendición deberá efectuarse de conformidad a las reglas generales contempladas en la ley N° 19.884, orgánica constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, y las instrucciones impartidas por el Servel, organismo que abordará la revisión de cuentas desde una perspectiva de género, acorde a los tratados internacionales ratificados por nuestro país y la normativa nacional aplicable.

Modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la ley Nº 18.216 en materia de tipificación del femicidio. Establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

Incorpora a los trabajadores de casa particular al Seguro de Desempleo de la ley n°19.728, con financiamiento de un 3,0% de las remuneraciones imponibles de cargo del empleador, sin distinguir la duración del contrato.

Ley que modifica el Código del Trabajo para posibilitar el trabajo a distancia o teletrabajo de la trabajadora embarazada, en caso de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública, con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa.

Consagra el derecho a licencia médica preventiva parental por causa de la enfermedad COVID-19 para el cuidado de niños y niñas. Asimismo, contempla el derecho a suspender los efectos del contrato de trabajo por motivos de cuidado mientras permanezca suspendido el funcionamiento de establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cunas por acto o declaración de la autoridad competente.