Normativa

Tipifica el delito de Feminicidio, como el "hecho que cause la muerte de una mujer en razón de ser mujer, independiente de la edad, relación de pareja, sin importar el lugar donde ocurra" (art. 93), como también los agravantes del delito de Feminicidio (art. 94), y el delito de Feminicidio conexo, como "quien quita la vida de una mujer sin esta ser suu objetivo principal, en el entorno de un escenario de violencia feminicida" (art. 95). El Código Penal también incluye entre "los atentados dolosos a la integridad de la persona" a: i) la violencia doméstica o intrafamiliar, entendida como violencia económica, patrimonial, verbal o psicológica, por intimidación o persecución (arts. 124-126); y ii) la violencia de género, entendida como "cualquier acción o condcta, pública o privada, que, mediante el empleo de fuerza física, o la violencia económica, patrimonial, psicológica o verbal, o de la intimidación o persecución, cuase daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona en razón de su sexo" (art. 127).

Establece el servicio de cuidados para familias de hijos en situación de discapacidad severa. Determina los sujetos, los requisitos y derechos de las personas que se benefician con este Servicio, y reconoce su ejercicio como un trabajo remunerado. Así, este decreto formaliza la relación de trabajo de las personas que se autoricen a ejercer el Servicio y garantiza el cumplimiento de los derechos que en materia de trabajo y seguridad social y tributaria establece la ley, así como controla el desempeño de las obligaciones inherentes al servicio que presta. El familiar, tutor o apoyo que asume el cuidado de hijos en situación de discapacidad severa como trabajador cuidador recibe formación en las escuelas para personas cuidadoras que se organizan y funcionan en las áreas de salud, y se certifica a los fines de realizar el cuidado de forma óptima.

Reforma la Ley de Seguridad Social (Decreto Nº 974) de 1982 en sus artículos 95 y 96 en lo relativo al descanso por maternidad. Amplía el período de descanso por maternidad estableciendo 4 semanas previas al parto y 9 semanas posteriores (13 semanas en total), con un subsidio del 60% del salario semanal promedio.

Con la Sentencia C-039 de 2025, la Corte Constitucional establece que la edad mínima para contraer matrimonio en Colombia será de 18 años sin excepción, en consonancia con los tratados internacionales sobre derechos de la niñez.

La Ley 2447 de Colombia, sancionada el 12 de febrero de 2025, tiene por objeto prohibir el matrimonio infantil y las uniones tempranas (MIUT) en las cuales uno o ambos de los contrayentes o compañeros permanentes sean personas menores de edad. Además, se crea el Programa Nacional de Atención Integral a Proyectos de Vida para niños, niñas y adolescentes.

Establece la Política Nacional de Cuidado, cuyo objetivo general es avanzar en la transformación de la organización social del cuidado en Colombia para garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas cuidadoras, incluyendo el de cuidar en condiciones dignas, y el derecho a recibir cuidado, asistencia o apoyo de las personas que lo requieren; así como reconocer y fortalecer las formas colectivas y comunitarias de cuidado y las prácticas de cuidado propias de pueblos étnicos y comunidades campesinas, como pilar del sostenimiento de la vida humana y no humana e interdependiente en todas sus expresiones.

Propone un plan de acción con un horizonte temporal de 10 años que, entre otras, plantea estrategias para: (i) reconocer y proteger las prácticas de cuidado comunitario, colectivo, y propias de comunidades campesinas y pueblos étnicos; (ii) contribuir al reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas cuidadoras para mejorar su calidad de vida y mejorar las condiciones en las que proveen cuidados; (iii) transformar factores culturales que mantienen una desigual organización social del cuidado; y (iv) aumentar la capacidad estatal para satisfacer de manera oportuna y pertinente de las demandas de cuidado de la población que lo requiere y para asegurar el funcionamiento adecuado del Sistema Nacional de Cuidado.

Establece la creación de la Política Nacional de Cuidados, cuyo objetivo es garantizar el derecho al cuidado mediante la promoción de la corresponsabilidad social y de género en la provisión de cuidados, considerando las múltiples desigualdades existentes.

Esta política tiene como objetivos: asegurar el derecho al cuidado de manera gradual y progresiva, a través de un enfoque integral que reconozca la interdependencia entre quien cuida y quien es cuidado; fomentar políticas públicas que garanticen el acceso a cuidados de calidad para ambas partes; impulsar acciones en el sector público que permitan la conciliación entre el trabajo remunerado, las necesidades de cuidado y las responsabilidades familiares; incentivar la implementación de medidas similares en el sector privado y en la sociedad civil; garantizar condiciones de trabajo decente para quienes se dedican al cuidado remunerado, combatiendo la precarización y explotación laboral; reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado, mayoritariamente realizado por mujeres; abordar las desigualdades estructurales en el acceso al derecho al cuidado, reconociendo la diversidad tanto de quienes cuidan como de quienes reciben cuidados; y promover un cambio cultural en la organización social del trabajo de cuidado.

Ley para modificar la Ley de Matrimonio. Se aumenta la edad para contraer matrimonio a dieciocho años; se eliminan las disposiciones sobre el consentimiento para el matrimonio infantil que deben dar los padres o tutores; y asuntos relacionados.

El presente Decreto tiene como objeto crear el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida como un instrumento con una visión estratégica de los cuidados, implementado sobre la base de un modelo que facilite la coherencia y coordinación entre políticas, programas y acciones, así como la articulación entre los organismos de la Administración Central del Estado, los órganos locales del Poder Popular y el resto de los actores económicos y sociales, desde el nivel nacional hasta el local. 

Este Decreto es de aplicación a todas las personas, previsto para promover un cambio cultural con respecto a la forma en que se organizan los cuidados en la sociedad cubana, su distribución más igualitaria y en beneficio de las personas que lo necesitan y de las que lo brindan.

Esta Ley tiene por objeto garantizar el derecho al cuidado, al pleno bienestar y al desarrollo de la autonomía de las personas, así como los derechos de las personas que cuidan de forma remunerada y no remunerada. Los objetivos que orientan este Sistema buscan promover un modelo corresponsable dentro de las familias y entre actores de la sociedad del cuidado en equidad e igualdad de responsabilidades, sin discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas, prestando servicios de cuidados que optimizan el uso de recursos y capacidades públicas, articulando y coordinando la prestación de servicios nuevos y existentes, públicos y privados. El Sistema también tiene los siguientes propósitos: Establecer estándares de calidad para todos los servicios de cuidados que se prestan en el país, promoviendo la universalización de la calidad en todo el territorio nacional y la regulación de todos los aspectos relativos a su provisión; Promover la profesionalización de las tareas de cuidados mediante una estrategia de formación y capacitación de las personas que realizan trabajo remunerado y no remunerado en cuidados; Impulsar el Sistema Nacional de Cuidados en todo el territorio nacional contemplando necesidades específicas de servicios, subsidios y prestaciones, a partir de acuerdos con los otros niveles de gobierno.

Esta Sentencia del Tribunal Constitucional, acoge la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra la parte in fine del artículo 54 del Código de Trabajo de la República Dominicana de 1992 (Ley núm. 16-92), por vulnerar el derecho a la igualdad, el principio de razonabilidad, los derechos de familia y el principio de interés superior del niño, establecidos en los artículos 39, 40.15, 55 y 56 de la Constitución Dominicana. La Sentencia entiende que es muy poco el tiempo establecido para la licencia de paternidad y exhorta al Congreso Nacional a revisar, en un plazo no mayor a dos años, la parte in fine del artículo 54 del Código de Trabajo de la República Dominicana, en lo concerniente al período de licencia de paternidad reconocido a todo trabajador, estableciendo un nuevo plazo de duración que resulte más acorde a los principios de igualdad y razonabilidad, plazo que deberá ser ajustado progresivamente, según las circunstancias socioeconómicas lo permitan, hasta alcanzar un período de licencia que garantice real y efectivamente el ejercicio de una paternidad responsable en condiciones de igualdad de género.

Ley que crea el Sistema Integral de Cuidados para el Estado de Jalisco, México, entendido como un conjunto de acciones y medidas orientadas al diseño e implementación de programas y políticas públicas transversales, con enfoque de género, interculturalidad e interseccionalidad, en materia de cuidados. La presente Ley reconoce a los cuidados como un pilar del desarrollo y el bienestar social y busca garantizar el reconocimiento, reducción y redistribución de los cuidados, así como las condiciones dignas para todas las personas involucradas en los cuidados, procurando el desarrollo de capacidades y aptitudes que favorezcan la funcionalidad de las personas, su autonomía progresiva, su integración social y su autoestima. Este Sistema se concibe como un modelo solidario y corresponsable entre familias, estado, comunidad y sector privado para la protección de la niñez, las adolescencias y las personas adultas mayores con pérdida de autonomía, así como personas con alguna enfermedad crónica o discapacidad.

Modifica las Leyes 19.121, de fecha 20 de agosto de 2013, y 19.161, de fecha 1° de noviembre de 2013 sobre la licencia opr paternidad. Extiende la duración de la licencia de paternidad a diecisiete (17) días continuos para trabajadores de la actividad privada, y diez (10) días hábiles o veinte (20) días continuos para funcionarios públicos.

Texto consolidado del Decreto Ley 56 de la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias, incluyendo las modificaciones del DL 84/24 y DL 71/23. Establece regulaciones relativas a la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias. En su artículo 1, asegura y facilita a la mujer trabajadora la atención médica durante el embarazo, el descanso pre y posnatal, la lactancia materna y, a ambos padres, el cuidado de las hijas y los hijos; regula las prestaciones monetarias, económica y social, desde las treinta y cuatro (34) semanas de embarazo o treinta y dos (32) si es múltiple, y hasta que el menor arribe a sus primeros quince (15) meses de vida; extiende el ejercicio del derecho a la protección establecida para el cuidado del menor a otras personas que trabajan, como consecuencia de la multiparentalidad, la filiación adoptiva, asistida y socioafectiva, según los tipos y fuentes de filiación previstos en el “Código de las Familias”.

Normativa que  reconoce el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, entendiendo la violencia contra las mujeres como un fenómeno estructural que se expresa en las diversas dimensiones de la vida y que tiene múltiples manifestaciones. Un aspecto fundamental de la normativa es que mandata a los órganos del Estado a actuar con estándares de debida diligencia, lo que implica que investiguen o juzguen hechos de violencia de género, según corresponda, y adopten medidas oportunas, idóneas, y exhaustivas.