Normativa

Ley de   promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. Regula la aplicación de medidas transitorias de cuidados alternativos para niños, niñas y adolescentes  que se encuentren en situación de desamparo, hasta tanto se defina su situación definitiva y la institución jurídica de la adopción como medida de carácter excepcional de protección.

Modifica la Ley N ° 8.742, para establecer parámetros adicionales para caracterizar la situación de vulnerabilidad social a los efectos de la elegibilidad para el beneficio de prestación continua (BPC), y establece medidas excepcionales de protección social que se amplían en caso de personas en estado de dependencia durante el período de enfrentamiento del coronavirus.

Ley que modifica la carta fundamental para permitir la conformación de pactos electorales de independientes y garantizar la paridad de género en las candidaturas y en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva constitución política de la república (Convención Constitucional, 2021-2022).

Crea nuevo programa con el objeto de facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables (artículo 11).

 

Establece que las autoridades competentes durante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, deberán garantizar la coordinación de los centros residenciales de personas con discapacidad, de personas mayores y de los centros de emergencia, acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres, con los recursos sanitarios del sistema de salud de la comunidad autónoma en que se ubiquen.

 

Establece y reglamenta el sistema de respuesta a llamadas de emergencia por violencia doméstica.

La ley 14.022 establece medidas para combatir la violencia doméstica y familiar contra las mujeres y contra niños, adolescentes, ancianos y personas con discapacidad durante la emergencia de salud pública de debido al coronavirus responsable del brote de 2019. Los servicios públicos y actividades esenciales, cuyo funcionamiento deberá ser resguardado, incluyen las relacionadas con la atención a la mujer en situación de violencia doméstica y familiar, en los términos de la Ley 11.340 (Ley María da Penha). Establece la mantención sin suspensión de las medidas de protección relacionadas con hechos de violencia intrafamiliar. Asimismo, el registro de los hechos de violencia intrafamiliar contra la mujer y los delitos cometidos contra niños, adolescentes, ancianos o personas con discapacidad podrá efectuarse de forma electrónica o mediante un teléfono de emergencia designado al efecto por los organismos seguridad pública.

Define acoso sexual callejero como toda conducta o conductas con connotación sexual y con carácter unidireccional, sin que medie el consentimiento ni la aceptación de la persona o las personas a la que está dirigida, con potencial de causar molestia, malestar, intimidación, humillación, inseguridad, miedo y ofensa, que proviene generalmente de una persona desconocida para quien la recibe y que tiene lugar en espacios públicos o de acceso público (artículo 1). Adiciona una sección IV, titulada "Acoso sexual en espacios públicos o de acceso público", al título 111 del libro 11 del Código Penal.

Modifica la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las mujeres. Dispone la creación de Unidades institucionales de Género en todas las instituciones de la administración pública, cuyas principales funciones son promover, asesorar, monitorear y coordinar la implementación del principio de igualdad, equidad y no discriminación, así como velar por el cumplimiento de la normativa a favor de los derechos humanos de las mujeres, en las políticas, planes, programas, proyectos y acciones en la estructura organizacional de la institución, y en la prestación de los servicios que ofrecen a las personas usuarias.

Establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el covid-19. Se otorga la posibilidad de dictar medidas de protección y/o cautelares por un medio tecnológico y, cuando no es posible, el traslado de jueces y juezas a las comisarías para el inmediato dictado de estas medidas. Se garantiza la continuidad de funcionamiento de los establecimientos para la atención en salud de las mujeres e integrantes del grupo familiar víctima de violencia. 

También se puntualiza sobre el actuar de las Unidades de Protección Especial y sus mecanismos para prevenir y atender la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en riesgo o desprotección familiar.

Establece una Unidad de Crímenes Contra la Mujer y Violencia Doméstica, adscrita al Negociado de la Policía de Puerto Rico del Departamento de Seguridad Pública. Esta unidad atenderá de manera prioritaria la investigación y procesamiento de los delitos perpetrados contra mujeres, incluyendo el de asesinato, homicidio, agresión sexual, los casos de mujeres desaparecidas, secuestros, entre otros; y los casos de Violencia Domestica.

Adiciona a Ley General de Acceso de las Mujeres la violencia política contra las mujeres en razón de género, la cual define como  toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

La Ley establece en su artículo 99 que las organizaciones políticas inscribirán las listas para elecciones pluripersonales y unipersonales bajo criterios de paridad e inclusión generacional. En el caso de las listas pluripersonales, éstas se conformarán paritariamente con secuencia de mujer–hombre u hombre–mujer hasta completar el total de candidaturas principales y suplentes.

Established the maternity grant to an amount of $1,260.

Establece un catálogo de derechos de titularidad de la mujer trabajadora (art. 3), entre estos: la prohibición de discriminación, a no ser despedida injustificadamente, protección y aplicación de las normas de licencia y descanso por maternidad, y derechos de lactancia.