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Políticas de igualdad de género

Leyes más recientes

  • 09/10/2019 | Ley / Política

    Ley 13.880, que determina la aprehensión de las armas de fuego en posesión de los agresores en casos de violencia doméstica

    Modifica la ley Maria da Penha (Ley Nº11.340) para establecer que, una vez hecho el registro de la ocurrencia del caso de violencia doméstica y familiar contra la mujer, la autoridad policial deberá verificar si el agresor posee registro de posesión de arma de fuego y, en la hipótesis de la existencia, notificarlo a la institución responsable por la emisión del registro del arma, en los términos de la Ley 10.826, "Estatuto del Desarmamiento".

    Establece, además, que el juez deberá, en un plazo de 48 horas luego de haber recibido el proceso, determinar la aprensión inmediata del arma de fuego del agresor.

  • 09/10/2019 | Ley / Política

    Ley 13.882, que garantiza la matrícula de los dependientes de la mujer víctima de violencia doméstica y familiar en institución de educación básica más cercana a su local de residencia

    Modifica la ley Maria da Penha (Ley Nº11.340) para establecer que la mujer víctima de violencia doméstica y familiar tiene proridad para matricular sus dependientes en institución de educación básica más cercana a su local de residencia, o transferirlo para esa institución, a través de la presentación de documentos que comprueben el registro de la ocurrencia policial o del proceso de violencia familiar en curso.
    Establece, además, que serán sigilosos los datos de la mujer y de sus dependientes, siendo estos de acceso reservado al juez, al Ministerio Público y a los órganos competentes del poder público.

  • 14/05/2019 | Ley / Política

    Ley Nº 13.827

    Modifica la ley Maria da Penha (Ley Nº11.340) para permitir, en las hipótesis especificadas, la aplicación de medida de protección de urgencia por la autoridad judicial o policial a la mujer en situación de violencia doméstica y familiar, o a sus dependientes.

    La principal modificación se refiere a que el agente policial - y no más solamente la autoridad judicial o el jefe de la unidad policial local de investigaciones - podrá emitir la medida de protección de urgencia. En el caso de que la medida sea emitida por el jefe de la unidad policial local de investigaciones o el agente policial, la autoridad judicial deberá ser comunicada en un plazo máximo de 24 horas y decidirá, en igual plazo, sobre la mantención o revocación de esta.

    La ley determina, además, que las medidas de protección de urgencia deben ser registradas en un banco de datos mantenido y reglamentado por el Consejo Nacional de Justicia, garantizando el acceso del Ministerio Público, de la Defensoría Pública y de los órganos de seguridad pública y asistencia social, con el objetivo de fiscalizar y dar efectividad a las medidas de protección.