La ley Nº 21.030, promulgada el 14 de septiembre de 2017, al regular la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, modificó, entre otros, el Código Sanitario, sustituyendo su artículo 119 e incorporando los artículos 119 bis, 119 ter y 119 quáter.
En este marco, se aprueba el Reglamento para ejercer objeción de conciencia según lo dispuesto en el artículo 119 ter del referido Código a través del Decreto número 67 de 2018.
Queda establecido que el médico cirujano requerido para interrumpir el embarazo por alguna de las causales descritas en el inciso primero del artículo 119 del mismo cuerpo legal, podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiere manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa. Asimismo, el mismo precepto garantiza el derecho recién descrito al resto del personal de salud al que corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención. Finalmente,  esta norma legal señala que la objeción de conciencia podrá ser invocada por una institución.
Sin perjuicio de lo anterior, a través de su dictamen Nº 11.781, de 2018, la Contraloría General de la República señaló que ciertas instituciones de salud no pueden ser objetores de conciencia, entre ellos los establecimientos privados de salud que contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón y que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 36, de 1980, del Ministerio de Salud. Además, si la mujer requiere atención inmediata e impostergable, invocando la causal del Nº 1 del inciso primero del artículo 119 del Código Sanitario ("La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida"), el establecimiento que haya manifestado la objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo.