El presente estudio tiene como objetivo estimar los costes de la violencia de género en España en el año 2016. Es el primer estudio de estas características a nivel nacional.
Establece que las autoridades competentes durante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, deberán garantizar la coordinación de los centros residenciales de personas con discapacidad, de personas mayores y de los centros de emergencia, acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres, con los recursos sanitarios del sistema de salud de la comunidad autónoma en que se ubiquen.
Crea nuevo programa con el objeto de facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables (artículo 11).
Regula las Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado, entre cuyas funciones se encuentra recabar la información sobre la implementación del protocolo frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en sus respectivos departamentos ministeriales (artículo 3 letra e).