El Decreto tiene como objetivo precisar los alcances de la Ley 79 de 9 de noviembre de 2011, sobre trata de personas y actividades conexas, así como desarrollar los mecanismos necesarios para hacer efectivo su cumplimiento. El reglamento se basa en el principio de igualdad y de no discriminación, las disposiciones contenidas en la normativa debiendo aplicarse de manera tal  "que se garantice el respeto de los derechos humanos de las personas posibles víctimas y víctimas de este delito, sin discriminación alguna por motivos de etnia, condición de discapacidad, sexo, género, edad, idioma, religión, orientación sexual, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen, nacionalidad,  posición económica o cualquier otra condición social o migratoria"   (art. 3). Además, el decreto da una definición de los grupos vulnerables, que son " aquellos que por cualquier condición, entre ellas, de sexo, edad, religión, salud, migratoria, situación social, económica, cultural, orientación sexual, discapacidad o mujeres embarazadas están expuestos a la violación de sus derechos o a la afectación de su dignidad"   (art.4).