La Ley adopta medidas para la prevención y asistencia a las personas objeto del tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, tanto las panameñas o extranjeras trasladadas al territorio nacional o desde el territorio nacional, como las panameñas en el exterior, garantizándoles el respeto a los derechos humanos. Respeto al enfoque de género, la ley n°36   contiene muchas similitudes con la ley n°79 sobre trata de personas y actividades conexas. Como la ley n°79, la ley n°34 insiste en la necesidad de tomar en cuenta las especificidades de sexo y de edad del migrante (art.7) objeto de tráfico ilícito, y prohibe las discriminaciones (art.24) por razones de raza, sexo, edad, religión, orientación sexual o política, nacionalidad, posición económica o condición social o migratoria, en la protección de la vida, la integridad física y la seguridad de los migrantes objeto de tráfico ilícito que participen en el proceso penal. Además, cuando la víctima es una migrante mayor de edad, es también el Instituto de la Mujer que se encargará de brindarle asistencia (art.3).
Por otro lado, la ley modifica el Código penal, añadiéndolo el artículo 456-F, quién sanciona con prisión de veinte a treinta años a quien dirija, promueva, financie, colabore, facilite o de cualquier forma participe en la entrada o salida del territorio nacional de personas, con fines de tráfico ilícito de migrantes, y que la migrante objeto de tráfico ilícito se encuentre embarazada (art. 42).