Esta Ley tiene por objeto garantizar el derecho al cuidado, al pleno bienestar y al desarrollo de la autonomía de las personas, así como los derechos de las personas que cuidan de forma remunerada y no remunerada. Los objetivos que orientan este Sistema buscan promover un modelo corresponsable dentro de las familias y entre actores de la sociedad del cuidado en equidad e igualdad de responsabilidades, sin discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas, prestando servicios de cuidados que optimizan el uso de recursos y capacidades públicas, articulando y coordinando la prestación de servicios nuevos y existentes, públicos y privados. El Sistema también tiene los siguientes propósitos: Establecer estándares de calidad para todos los servicios de cuidados que se prestan en el país, promoviendo la universalización de la calidad en todo el territorio nacional y la regulación de todos los aspectos relativos a su provisión; Promover la profesionalización de las tareas de cuidados mediante una estrategia de formación y capacitación de las personas que realizan trabajo remunerado y no remunerado en cuidados; Impulsar el Sistema Nacional de Cuidados en todo el territorio nacional contemplando necesidades específicas de servicios, subsidios y prestaciones, a partir de acuerdos con los otros niveles de gobierno.
Panamá
Indicador destacado
Participación de mujeres en gabinetes ministeriales (En porcentajes)
Informes y estudios
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Políticas de igualdad de género
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Leyes más recientes
- Ley / Política Autonomía económica
Ley 431 que crea Sistema Nacional de Cuidados
- Ley / Política Autonomía económica
Ley 238
Amplía el alcance del fuero de maternidad hasta el padre, aplicable a todo empleado y concede vacaciones en caso de fallecimiento de la madre.
- Ley / Política Autonomía física
Ley 202
La presente ley modifica la ley 82 de 2013, describiendo conductas constitutivas de violencia política contra la mujer, esferas en las cuales tiene lugar y perpetradores. Asimismo, modifica la ley 7 de 2018 estableciendo medidas a favor de mujeres víctimas de violencia (permisos laborales especiales y traslado del agresor mientras dure la investigación de los hechos).