La Ley extiende a los empleados y empleadas domésticas las normas generales sobre jornada de trabajo y horas extras, el derecho a vacaciones y a licencia por enfermedad, y permite a los empleados y empleadas domésticas presentar reclamaciones ante el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos en caso de incumplimiento de las disposiciones legales. El preámbulo de la normativa se refiere al hecho de que, en Puerto Rico, la mayor parte de las personas que se dedican al trabajo doméstico son mujeres, y muchas de éstas son inmigrantes y el único sustento de su familia. Esta circunstancia hace que las personas que se dedican al servicio domestico  estén más propuestas a trabajar en ambientes hostiles y en condiciones de trabajo injustas. Alude también a la discriminación que sufren los empleados domésticos por razón de género, clase, raza, nacionalidad y estatus migratorio, la cual empeora en el caso de los inmigrantes sin estatus migratorio oficial, quienes temen reclamar contra abusos extremos, así como la privación de alimentos y de libertad, por miedo a perder sus trabajos o a ser deportados.