El objeto de la presente ley y sus reglamentos es regular el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los extranjeros del país, y el ejercicio de derechos y deberes, sin perjuicio de aquellos contenidos en otras normas legales. 

Asimismo, esta ley regula materias relacionadas con el derecho a la vinculación y el retorno de los chilenos residentes en el exterior, que se indican en el Título respectivo. 

Estas disposiciones también serán aplicables a los refugiados y a los solicitantes de reconocimiento de dicha condición, así como a sus familias, en todas aquellas materias que la ley No 20.430 y su reglamento se remitan a las normas sobre extranjeros en Chile, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

La presente normativa tiene por objeto la prevención, persecución y sanción de la trata y la explotación de personas, así como la atención, protección y reparación de las víctimas.

Tiene la perspectiva de género entre sus principios rectores (artículo 3º, "D"),  establecendo que  "la ley y la reglamentación tendrán especialmente en cuenta las desigualdades de poder, los estereotipos discriminatorios y las formas de violencia en base al género, promoviéndose la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, las niñas, las personas trans e intersexuales o con orientación sexual no hegemónica. En todo caso se reconocerá y respetará la expresión y la identidad de género de las personas víctimas de trata, sus familiares o testigos, aun cuando la misma no condiga con los datos emergentes de los documentos identificatorios".

Identifica  los estereotipos de género que legitiman y sustentan la discriminación y violencia contra las mujeres como un factor  de vulnerabilidad a la trata y explotación  (artículo 17º).

Asimismo, establece que el Instituto Nacional de las Mujeres será el organismo responsable de la articulación y la respuesta cuando las víctimas de este delito sean mujeres adultas (artículo 16º).

La presente normativa establece, en su  artículo 43, que las mujeres migrantes víctimas de violencia basada en género en el país de origen o en el territorio nacional, estarán comprendidas en las disposiciones previstas en el artículo 162 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015.

A  su vez, la referida norma faculta  al Poder Ejecutivo la prerrogativa de otorgar la residencia legal a personas extranjeras que permanezcan en el país en forma irregular y que se encuentren en especial situación de vulnerabilidad, acreditada ante el Ministerio de Desarrollo Social, siempre que se respete la prohibición establecida en el inciso segundo del artículo 37 de la Constitución de la República y que el interesado cumpla con la reglamentación que se dicte al efecto.

El presente Código ecuatoriano regula el régimen administrativo-disciplinario del personal de las entidades de seguridad pública ciudadana y de orden público. Se define, en el artículo 289, que discriminar a una persona por razón de sexo o de condición migratoria (entre otras razones) es constitutivo de falta grave. Entonces, un servidor policial puede ser sancionado por haber discriminado a una persona por ser mujer migrante.

En ocasión del Día de las Madres, el decreto concede indulto especial y conmutación de pena a mujeres   nacionales y extranjeras condenadas o que responden de crímenes cometidos sin violencia o sin amenaza grave (arts.1 y 2), lo que incluye el tráfico de drogas y las mujeres extranjeras que fueron presas como « mulas ». En junio de 2014, Brasil contaba con 37 380 mujeres presas, entre las cuales 596 extranjeras (fuente : Ministerio de Justicia brasileño).

La Ley garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de violencia y   crea mecanismos para evitar la violencia. El artículo 5 dispone que la normativa tiene como base las normas nacionales e internacionales de protección de los derechos de los niños y adolescentes, entre los cuales el derecho fundamental a ser protegidos contra cualquier tipo de discriminación, sin distinción de sexo o condición migratoria, lo que garantiza los derechos de las niñas migrantes.

El Reglamento constituye el marco normativo que   permite la operacionalización de la Ley de Migraciones del Estado Peruano, estableciendo los requisitos administrativos relacionados con la aprobación de las calidades migratorias, la situación migratoria, la protección de los extranjeros en el territorio y con el conjunto de procedimientos administrativos migratorios. Establece medidas de protección de los derechos de los extranjeros, en particular para los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. En el artículo 227 que tipifica las situaciones de vulnerabilidad, se encuentran al grupo de las mujeres migrantes embarazadas que requieren atención especifica. 

El Decreto modifica, entre otros, el artículo 323 del Código Penal sobre discriminación e incitación a la discriminación y condena con pena privativa de libertad o prestación de servicios a la comunidad los actos de discriminación que sean basados en varios motivos, como en el sexo o la condición migratoria (art. 323). 

La ley de movilidad humana integra toda la normativa en materia de movilidad humana que existe en Ecuador desde 1970. En su artículo 2, titulado "principios", la ley actualiza conceptos como la ciudadanía universal, creada en la Constitución de 2008, y garantiza la igualdad de derechos entre extranjeros y ecuatorianos. Prohibe todas las formas de discriminación, entre las cuales las discriminaciones por la condición migratoria, el sexo y el género de las personas. 

La Ley rige a la vez las personas ecuatorianas en el exterior y las personas extranjeras en el país. En el capitulo dirigido a los ecuatorianos en el exterior, el artículo 21 de la ley identifica a las mujeres embarazas y a las mujeres víctimas de violencia de género como vulnerables, lo que significa que ellas deban recibir una atención prioritaria por parte de las misiones diplomáticas y consulares de Ecuador en el exterior. 

Además, la Ley contiene capítulos especiales que se dedican a los extranjeros en situación de refugio y de apatridia, y a las víctimas de la trata de personas o del tráfico ilícito de migrantes. En la sección relativa a la apatridia, el artículo 113 dispone que "se dará prioridad a la tramitación de las solicitudes presentadas por niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados de su representante legal, víctimas de tortura, víctimas de abuso sexual o violencia por motivos de género".  En cuanto a la atención a las víctimas de trata de personas, el artículo 122 dispone que se dará por la autoridad competente "tomando en cuenta los enfoques de género, intergeneracional e intercultural y el principio de atención especializada".

La Ley extiende a los empleados y empleadas domésticas las normas generales sobre jornada de trabajo y horas extras, el derecho a vacaciones y a licencia por enfermedad, y permite a los empleados y empleadas domésticas presentar reclamaciones ante el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos en caso de incumplimiento de las disposiciones legales. El preámbulo de la normativa se refiere al hecho de que, en Puerto Rico, la mayor parte de las personas que se dedican al trabajo doméstico son mujeres, y muchas de éstas son inmigrantes y el único sustento de su familia. Esta circunstancia hace que las personas que se dedican al servicio domestico  estén más propuestas a trabajar en ambientes hostiles y en condiciones de trabajo injustas. Alude también a la discriminación que sufren los empleados domésticos por razón de género, clase, raza, nacionalidad y estatus migratorio, la cual empeora en el caso de los inmigrantes sin estatus migratorio oficial, quienes temen reclamar contra abusos extremos, así como la privación de alimentos y de libertad, por miedo a perder sus trabajos o a ser deportados.