Esta ley enmienda la ley n°54 de 1989 a fin de brindar la protección que ésta ofrece a todas las personas sin importar estado civil, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio, ya que « la violencia doméstica lacera la integridad y dignidad de toda víctima independientemente del sexo, estado civil, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio de cualquiera de las personas involucradas en la relación », siguiendo el modelo del Estados Unidos que hizo lo mismo con el «Violence Against Women Act » (preámbulo).

La ley de migración regula el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. La política migratoria de Bolivia hace mención especifica a los derechos y obligaciones de las mujeres migrantes. Dentro de los principios que deben regir la política migratoria se encuentran los principios de no discriminación y equidad de género. Así mismo, se consagra el derecho de las mujeres migrantes a no ser víctimas de discriminación y a la eliminación de estereotipos (art.2).  En este sentido, la prevención de "la violencia de género y situaciones de vulnerabilidad que pueda sufrir la mujer por su condición de migrante" es parte de los derechos reconocidos a las personas migrantes extranjeras (art.12). La trabajadora migrante también tiene derechos en el ámbito laboral, particularmente "a que se prevenga la discriminación de género, la vulnerabilidad de la informalidad, la temporalidad, la brecha salarial con las trabajadoras nacionales, el acoso sexual y acoso laboral por razón de sexo" (art.49). También, se toman en cuenta los derechos de las mujeres bolivianas en el exterior abriendo "espacios de denuncias de violación a los derechos" para prevenir toda forma de violencia o discriminación hacia las mujeres migrantes (art.57). Por fin, la dirección General de Migración debe asegurar el acceso a datos estadísticos migratorios "diferenciados por género" (art.7).

El Decreto adopta la Guía para la Implementación de la decisión 545 de la comunidad andina titulada « Instrumento Andino de Migración Laboral» El artículo 6.2 del decreto dispone que «la legislación nacional, las decisiones comunitarias andinas y los convenios internacionales ratificados por Colombia, establecen que el Trabajador Migrante Andino tiene derecho a laborar en condiciones que respeten su dignidad, salud, seguridad y bienestar personal y familiar y a gozar como mínimo, de los siguientes derechos y garantías, de conformidad con lo establecido en la Decisión Andina 545», lo que incluye que en ningún caso se someterá al Trabajador Migrante Andino a «discriminación por razones de nacionalidad, raza, sexo, credo, condición social u orientación sexual».  Este decreto protege así a las mujeres migrantes andinas que trabajan en Colombia, asegurando que ellas no sean discriminadas. 

El Decreto aprueba la política pública de igualdad de oportunidades para las mujeres impulsada por el Instituto Nacional de la Mujer.   La política pública panameña se constituye de ejes temáticos, lineamientos y objetivos estratégicos, y está llena de referencias a mujeres migrantes, hasta la introducción de la presentación de la política pública, que recuerda que las mujeres migrantes forman parte del mandato del Instituto Nacional de la Mujer. 
Por un lado, las mujeres migrantes son objetos de un lineamiento estratégico propio, titulado " Protección y garantía de los DDH a las mujeres migrantes, víctimas de trata y refugiadas", que forma parte del eje temático " Migración, Trata, Refugiadas y Privadas de Libertad". Dentro de este lineamiento estratégico, los objetivos estratégicos de la política pública consisten en 1) crear programas de autogestión y de emprendimiento para las mujeres migrantes con el objeto de garantizar su estabilidad económica y su inserción en el mercado laboral, 2) incorporar a las mujeres migrantes en los programas sociales que ofrece el Estado, 3) dotar de presupuesto a los centros de información y albergues temporales para las mujeres migrantes y víctimas de trata, 4) implementar acciones de sensibilización del funcionario involucrado en el tema de migración de mujeres, niñas y adolescentes para evitar la estigmatización de éstas y establecer campañas de sensibilización sobre la migración y la trata de mujeres, niñas y adolescentes dirigidas a la población en general. 
Por otro lado, hay referencias a mujeres migrantes en varios ejes temáticos. En materia de equidad jurídica, un objetivo estratégico se refiere a la necesidad de ampliar la divulgación de la normativa que consagra los derechos humanos de las mujeres migrantes. En materia de educación, un objetivo estratégico consiste en la implementación de programas continuos de alfabetización y de post-alfabetización, que garanticen la participación de las adolescentes, jóvenes, mujeres adultas y adultas mayores migrantes. En materia de salud, un objetivo estratégico alude al desarrollo de campañas de sensibilización al VIH dirigidas a la población en general "sin distinción étnica, cultural, sexual, etérea y otras condiciones especiales (mujeres con discapacidad, refugiadas, migrantes y privadas de libertad". Por último, el eje temático relativo a la violencia prevé la creación de mecanismos legales e institucionales, que posibiliten la detección y sanción de las diferentes formas de explotación y violencia a que son expuestas las mujeres migrantes, y el establecimiento de mecanismos destinados a eliminar la violencia institucional hacia las mujeres migrantes.