Introdúcense, entre otras,   la  siguiente modificación   en el Código del Trabajo:  agrégase, en el inciso segundo del artículo 2°, la siguiente oración: "Asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo".

Los Juzgados de Primera Instancia Penal y el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia Contra la Mujer de los departamentos de Alta Verapaz y Huehuetenango, serán competentes para conocer los casos en los que se dicte auto de procesamiento o auto de apertura a juicio, según corresponda, a partir del diez de agosto de dos mil doce.

Garantiza los derechos fundamentales de las víctimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal de estos delitos.

Se hacen unas reformas y adiciones al Código Penal (Ley 599 de 2000); se crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras disposiciones.

Con el propósito de fortalecer los mecanismos de protección a los derechos de las mujeres, esta ley suprime el carácter de querellable y desistible a los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria y establece la investigación oficiosa de éstos. Reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 1994, Código de procedimiento penal.

Se aprueba el Plan Nacional contra la Trata de Personas, como eje rector de la Política Nacional contra este delito, a implementarse por la Comisión Nacional contra la trata de personas.

Elimina actos, conductas y manifestaciones individuales o colectivas de acoso y violencia que afecta de manera directa o indirecta a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticos y públicas.

Tipificación del delito de feminicidio a nivel nacional.

Tiene por objeto: (1) Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales; (2) establecer los tipos penales y los procedimientos penales aplicables; (3) la distribución de competencias y formas de coordinación ; ( 4) establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas; y (5) Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.

Tiene el objetivo de la adopción de las medidas necesarias para crear políticas públicas para la prevención de la Trata de Personas; producir la normativa necesaria para fortalecer la sanción de la Trata de Personas; definir un marco específico y complementario de protección y asistencia a las víctimas de Trata de Personas; propiciar la restitución y promoción de los derechos de las víctimas; y estructurar, impulsar y facilitar la cooperación nacional e internacional en el tema de la Trata de Personas.