Orden Ejecutiva mediante la cual se declara Estado de Emergencia, ante el aumento de casos de violencia de género en Puerto Rico. Determina el mantenimiento como servicios prioritarios los programas de protección, prevención y orientación, así como protocolos de acceso a la vivienda, a servicios de salud, educación y trabajo, en aras de prevenir y erradicar la violencia de género. Asimismo, se ordena la creación del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité P.A.R.E), destinado a la recomendación de políticas para vigilar el cumplimiento de la presente orden.

Por último, obliga a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a identificar los fondos necesarios ordenados en la Ley nº 158-2020 (de identificación presupuestaria para dar cumplimiento a la política pública contra la violencia a las mujeres) para hacer cumplir la orden ejecutiva.

Modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la ley Nº 18.216 en materia de tipificación del femicidio. Establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

Crea nuevo programa con el objeto de facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables (artículo 11).

 

Establece que las autoridades competentes durante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, deberán garantizar la coordinación de los centros residenciales de personas con discapacidad, de personas mayores y de los centros de emergencia, acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres, con los recursos sanitarios del sistema de salud de la comunidad autónoma en que se ubiquen.

 

Establece y reglamenta el sistema de respuesta a llamadas de emergencia por violencia doméstica.

Establece una Unidad de Crímenes Contra la Mujer y Violencia Doméstica, adscrita al Negociado de la Policía de Puerto Rico del Departamento de Seguridad Pública. Esta unidad atenderá de manera prioritaria la investigación y procesamiento de los delitos perpetrados contra mujeres, incluyendo el de asesinato, homicidio, agresión sexual, los casos de mujeres desaparecidas, secuestros, entre otros; y los casos de Violencia Domestica.

Establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el covid-19. Se otorga la posibilidad de dictar medidas de protección y/o cautelares por un medio tecnológico y, cuando no es posible, el traslado de jueces y juezas a las comisarías para el inmediato dictado de estas medidas. Se garantiza la continuidad de funcionamiento de los establecimientos para la atención en salud de las mujeres e integrantes del grupo familiar víctima de violencia. 

También se puntualiza sobre el actuar de las Unidades de Protección Especial y sus mecanismos para prevenir y atender la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en riesgo o desprotección familiar.

Adiciona a Ley General de Acceso de las Mujeres la violencia política contra las mujeres en razón de género, la cual define como  toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Modifica la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las mujeres. Dispone la creación de Unidades institucionales de Género en todas las instituciones de la administración pública, cuyas principales funciones son promover, asesorar, monitorear y coordinar la implementación del principio de igualdad, equidad y no discriminación, así como velar por el cumplimiento de la normativa a favor de los derechos humanos de las mujeres, en las políticas, planes, programas, proyectos y acciones en la estructura organizacional de la institución, y en la prestación de los servicios que ofrecen a las personas usuarias.

Define acoso sexual callejero como toda conducta o conductas con connotación sexual y con carácter unidireccional, sin que medie el consentimiento ni la aceptación de la persona o las personas a la que está dirigida, con potencial de causar molestia, malestar, intimidación, humillación, inseguridad, miedo y ofensa, que proviene generalmente de una persona desconocida para quien la recibe y que tiene lugar en espacios públicos o de acceso público (artículo 1). Adiciona una sección IV, titulada "Acoso sexual en espacios públicos o de acceso público", al título 111 del libro 11 del Código Penal.