La ley 14.022 establece medidas para combatir la violencia doméstica y familiar contra las mujeres y contra niños, adolescentes, ancianos y personas con discapacidad durante la emergencia de salud pública de debido al coronavirus responsable del brote de 2019. Los servicios públicos y actividades esenciales, cuyo funcionamiento deberá ser resguardado, incluyen las relacionadas con la atención a la mujer en situación de violencia doméstica y familiar, en los términos de la Ley 11.340 (Ley María da Penha). Establece la mantención sin suspensión de las medidas de protección relacionadas con hechos de violencia intrafamiliar. Asimismo, el registro de los hechos de violencia intrafamiliar contra la mujer y los delitos cometidos contra niños, adolescentes, ancianos o personas con discapacidad podrá efectuarse de forma electrónica o mediante un teléfono de emergencia designado al efecto por los organismos seguridad pública.

Modifica la ley Maria da Penha (Ley Nº11.340) para establecer que la mujer víctima de violencia doméstica y familiar tiene proridad para matricular sus dependientes en institución de educación básica más cercana a su local de residencia, o transferirlo para esa institución, a través de la presentación de documentos que comprueben el registro de la ocurrencia policial o del proceso de violencia familiar en curso.

Establece, además, que serán sigilosos los datos de la mujer y de sus dependientes, siendo estos de acceso reservado al juez, al Ministerio Público y a los órganos competentes del poder público.

Modifica la ley Maria da Penha (Ley Nº11.340) para establecer que, una vez hecho el registro de la ocurrencia del caso de violencia doméstica y familiar contra la mujer, la autoridad policial deberá verificar si el agresor posee registro de posesión de arma de fuego y, en la hipótesis de la existencia, notificarlo a la institución responsable por la emisión del registro del arma, en los términos de la Ley 10.826, "Estatuto del Desarmamiento".

Establece, además, que el juez deberá, en un plazo de 48 horas luego de haber recibido el proceso, determinar la aprensión inmediata del arma de fuego del agresor.

Modifica la ley Maria da Penha (Ley Nº11.340) para permitir, en las hipótesis especificadas, la aplicación de medida de protección de urgencia por la autoridad judicial o policial a la mujer en situación de violencia doméstica y familiar, o a sus dependientes.

La principal modificación se refiere a que el agente policial - y no más solamente la autoridad judicial o el jefe de la unidad policial local de investigaciones - podrá emitir la medida de protección de urgencia. En el caso de que la medida sea emitida por el jefe de la unidad policial local de investigaciones o el agente policial, la autoridad judicial deberá ser comunicada en un plazo máximo de 24 horas y decidirá, en igual plazo, sobre la mantención o revocación de esta.

La ley determina, además, que las medidas de protección de urgencia deben ser registradas en un banco de datos mantenido y reglamentado por el Consejo Nacional de Justicia, garantizando el acceso del Ministerio Público, de la Defensoría Pública y de los órganos de seguridad pública y asistencia social, con el objetivo de fiscalizar y dar efectividad a las medidas de protección.

La presente Ley tiene por objeto procurar la pronta y  oportuna resolución de los conflictos penals, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oraldad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva luida judicial de las víctimas, mediante la modificación de la Ley N° 1970 de 25 de marzo de 1999, "Código de Procedimiento Penal", y disposiciones conexas.

La ley n° 27.501 incorpora al artículo 6° de la ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la violencia contra las mujeres en el espacio público. Agrega, así, el inciso g) como una modalidad de la violencia contra las mujeres.

Modifica  también el inciso o) del artículo 9° de la ley 26.485, determinando la implementación de una línea telefónica gratuita y accesible  destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento  en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen.

Determina, además, articular en el marco del Consejo Federal de Educación la inclusión en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, entre otros , el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos   y  la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos y de la violencia contra las mujeres en el espacio público.

Por fin, insta a las fuerzas policiales y de seguridad a actuar en protección de las mujeres víctimas de violencia de género cuando la violencia ocurre en el espacio público o de acceso público.

Define como acoso sexual la realización, en lugares públicos o de libre acceso público, y sin mediar el consentimiento de la víctima, de actos de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante; sean actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos, o conductas consistentes en acercamientos o persecuciones, o actos de exhibicionismo obsceno o de contenido sexual explícito.

Asimismo, impone pena privativa de libertad a al que, en lugares públicos o de libre acceso público y que por cualquier medio capte, grabe, filme o fotografíe imágenes, videos o cualquier registro audiovisual, de los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento. Así también al que difunda dichas imágenes, videos o registros audiovisuales.

This Act penalizes sexual offences (part 9) and exploitation of persons (part 10).

This Act states that any act of sexual harassment against an employee comited by his or her employer, or an employee of that employer, constitutes unlwaful discrimination based on sex. 

An act to amend the Trafficking in Persons (Prevention) Act, 2010 to establish the Trafficking in Persons Prevention Unit and for connected matters.