Establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Strengthens the Trafficking in Persons Prevention (Amendment) Act from 2015 with provisions for the prevention of human trafficking and allows for protection of its victims.

Modifica la ley nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Ley Maria da Penha) y el Código Penal para reconocer que la violación de la intimidad de la mujer configura violencia doméstica y familiar, y para criminalizar el registro no autorizado de contenido con escena de desnudez o acto sexual libidinoso de carácter íntimo y privado.

Reglamentación de la Ley N° 27.452 que crea el Régimen de Reparación Económica destinado a niñas, niños y adolescentes, cuyo progenitor y/o progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora; o bien, que la acción penal seguida contra su progenitor y/o progenitor afín, en la causa penal donde se investigue el homicidio de su progenitora, se haya declarado extinguida por muerte; o que cualquiera de sus progenitores y/o progenitores afines haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género. 

Declara de interés prioritario la situación actual de la violencia contra las mujeres, debido al alto número de agresiones y femicidios que se han presentado en los últimos años y que continúan en aumento, con el objetivo de lograr la efectiva intervención del Estado en la atención de este grave problema en todas sus formas, de manera pronta e integral (art. 1º).

Tipifica los crímenes de "importunidad sexual" y de divulgación de imágenes de violación. Asimismo, establece como causales de aumento de pena para los crímenes contra la libertad sexual y los crímenes sexuales contra personas vulnerables la violación colectiva y la violación correctiva.

El crimen de "importunidad sexual" es definido como la práctica, conta alguien y sin su consentimiento, de acto libidinoso con el objetivo de satisfacer la propia lascivia o la de terceros.

Determina una pena de 1 a 5 años de cárcel para aquellos que ofrezcan, intercambien, disponibilicen, transmitan, publiquen o divulguen, por cualquier medio – incluso por medio de comunicación de masas o sistema de informática –, fotos, videos u otro registro audiovisual que contenga una escena de violación o que haga una apología o induzca a su práctica; o  una escena de sexo, desnudez o pornografía sin el consentimiento de la víctima. La pena es aumentada de 1/3 a 2/3 si el crimen es practicado por alguien que mantenga o haya mantenido una relación íntima de afecto con la víctima, o con el fin de venganza u humillación.

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto sancionar los actos de acoso, en todas sus modalidades, incluidos el acoso sexual y chantaje sexual; así como la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, a fin de garantizar una lucha eficaz contra las diversas modalidades de violencia que afectan principalmente a las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida. Además, modifica  la Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, y la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, para precisar el concepto de hostigamiento sexual y optimizar el procedimiento de sanción de este tipo de actos.

El presente decreto legislativo tiene por objeto crear el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujerese Integrantes del Grupo Familiar, para contar con un sistema integrado y especializado de justicia en dicha materia y en delitos sexuales en agravio de niños, niñas y adolescentes.

El Sistema está integrado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

El Sistema tiene por objetivo asegurar el desarrollo célere y efectivo de los procesos, y permita la interacción fluida entre todos/as los/as operadores/as de la ruta procesal contra la violencia, para mejorar los tiempos de atención y respuesta a las víctimas, logrando así garantizar su integridad y seguridad, así como un real y efectivo acceso a la justicia.

La ley tiene por objeto la prevención, persecución y sanción de la trata y la explotación de personas, así como la atención, protección y reparación de las víctimas.

La perspectiva de género es un principio rector de la ley, disponiéndose que "la ley y la reglamentación tendrán especialmente en cuenta las desigualdades de poder, los estereotipos discriminatorios y las formas de violencia en base al género, promoviéndose la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, las niñas, las personas trans e intersexuales o con orientación sexual no hegemónica. En todo caso se reconocerá y respetará la expresión y la identidad de género de las personas víctimas de trata, sus familiares o testigos, aun cuando la misma no condiga con los datos emergentes de los documentos identificatorios".

Por medio del artículo 1, se Crea el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes cuando:

a) Su progenitor y/o progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora;

b) La acción penal seguida contra su progenitor y/o progenitor afín, en la causa penal donde se investigue el homicidio de su progenitora, se haya declarado extinguida por muerte;

c) Cualquiera de sus progenitores y/o progenitores afines haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género.