Crea un programa de Educación y Adiestramiento contra la violencia doméstica para trabajadores sociales, psicólogos y orientadores del Departamento de Educación adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Ordena a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, en coordinación con el Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico establecer el “Programa de protección y prevención de violencia doméstica para mujeres de nacionalidad extranjera residentes en Puerto Rico” a través de la implementación de campañas educativas a esos fines.

Esta Ley tiene por objeto prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios y de violencia que atenten contra la honra, la dignidad, la integridad física y psicológica de las personas. Para lograr el objetivo previsto, el desarrollo de la Política Pública se enfocará en:

1. Sensibilizar, prevenir y prohibir con miras a erradicar el hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo y sexismo en el ámbito laboral, educativo, comunitario y en cualesquiera otros ámbitos;

2. Imponer responsabilidades y saciones, garantizando con ello los derechos humanos, la dignidad, el respeto y el bienestar de toda mujer u hombre de cualquier edad.

La presente Ley tiene por objeto prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, producida en el ámbito público y privado, durante su ciclo de vida y en toda su diversidad, en especial, cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Para tal efecto, se establecen políticas integrales, mecanismos para el monitoreo, seguimiento y evaluación; y, medidas para la prevención, atención, protección y reparación integral de las víctimas, así como también, la reeducación de la persona agresora, con el fin de garantizar a los sujetos de protección de esta Ley, una vida libre de violencia, que asegure el ejercicio pleno de sus derechos. 

Esta ley tiene como objeto garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género. Comprende a mujeres de todas las edades, mujeres trans, de las diversas orientaciones sexuales, condición socioeconómica, pertenencia territorial, creencia, origen cultural y étnico-racial o situación de discapacidad, sin distinción ni discriminación alguna. Se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, sanción y reparación.

La ley  entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción u omisión, en el ámbito público o el privado que,  sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres.

El artículo 6º determina que  se constituyen  como manifestaciones de violencia basada en género, no excluyentes entre sí ni de otras que pudieran no encontrarse explicitadas, la violencia física,   violencia psicológica o emocional,   violencia sexual,   violencia por prejuicio hacia la orientación sexual, identidad de género o expresión de género,   violencia económica,   violencia patrimonial, violencia simbólica,   violencia obstétrica,   violencia   laboral,   violencia en el ámbito educativo, el acoso sexual callejero, la violencia política, violencia mediática, violencia feminicida, violencia doméstica, violencia comunitaria, violencia institucional y violencia étnica racial.

Crea el Banco de Datos Genéticos para Uso Forense, el cual pondrá a disposición inmediata del Ministerio Público toda la información, la que únicamente podrá usarse para la investigación criminal y los procesos respectivos.

La ley  Contra  la  Violencia  Sexual,  Explotación  y  Trata  de  Personas ha sido considerada en la creación de esta herramienta, que permitirá tener mayor certeza sobre los responsables de hechos criminales.

La ley 13.505 agrega artículos a la ley 11.340/2006 (Ley Maria da Penha), para disponer sobre el derecho de la mujer en situación de violencia doméstica y familiar de recibir atención policial y pericial especializada, continuada y brindada, preferentemente, por servidores del sexo femenino previamente capacitados (art. 10-A).

Agrega el artículo 10-A a la ley 11.340, donde, en su párrafo 1º, establece que el interrogatorio de la mujer en situación de violencia doméstica y familiar, o de testigo de esta, deberá salvaguardar su integridad física, psíquica y emocional (inciso I). Asimismo, instituye la garantía de que, bajo ninguna hipótesis, la mujer en situación de violencia doméstica y familiar tendrá contacto directo con investigados o sospechosos y personas relacionadas (inciso II), de manera de no revictimizar a la mujer, evitándose sucesivos interrogatorios sobre el mismo hecho en los ámbitos criminal, civil y administrativo, así como interrogatorios sobre su vida privada (inciso III). El párrafo 2º del mismo artículo establece que el interrogatorio deberá ser intermediado por profesional especializado en violencia domestica y familiar, en un lugar definido especialmente para este fin.

Finalmente, la ley incorpora el artículo 12-A a la Ley Maria da Penha, estableciendo que los Estados y el Distrito Federal, en la formulación de sus políticas y planes de atención a la mujer en situación de violencia doméstica y familiar, deberán priorizar en el ámbito de la Policía Civil, la creación de comisarias especializadas de atención a la mujer, de núcleos investigativos de feminicidio y de equipos especializados para la atención e investigación de violencias graves contra la mujer.

La ley 19.538, en su artículo 1º, sustituye el    numeral 1º del artículo 311 del Código Penal (Circunstancias agravantes especiales de los delitos contra la personalidad física y moral del hombre)  por el siguiente:

"1º.  Cuando se cometiere en la persona del ascendiente o del descendiente legítimo o natural, del hermano legítimo o natural, del padre o del hijo adoptivo, del cónyuge, del concubino o concubina; y también cuando se cometiere en la persona del excónyuge, del exconcubino o exconcubina o de alguien con quien el agente tuviere o hubiere tenido una relación de afectividad e intimidad de índole sexual, si el vínculo anterior o actual fue la causa del delito y no se configurare una circunstancia agravante muy especial".

Asimismo,  a través de su artículo 3º,  agrega los siguientes numerales al artículo 312 del Código Penal (Circunstancias agravantes muy especiales de los delitos contra la personalidad física y moral del hombre):

7.  Como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión o discapacidad.

8.  (Femicidio) Contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal.

                 Sin perjuicio de otras manifestaciones, se considerará que son indicios que hacen presumir la existencia del móvil de odio, desprecio o menosprecio, cuando:

                           a)   A la muerte le hubiera precedido algún incidente de    violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro    tipo, cometido por el autor contra la mujer,    independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no  por la víctima.

                          b)   La víctima se hubiera negado a establecer o reanudar con el   autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad.

                           c)   Previo a la muerte de la mujer el autor hubiera cometido   contra ella cualquier conducta que atente contra su libertad sexual.

This Act makes provision for the protection of employees from sexual harassment in the workplace.

Reglamenta la Ley N° 26.879,  de Creación del Registro Nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.