Esta Ley tiene por objeto prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios y de violencia que atenten contra la honra, la dignidad, la integridad física y psicológica de las personas. Para lograr el objetivo previsto, el desarrollo de la Política Pública se enfocará en:
1. Sensibilizar, prevenir y prohibir con miras a erradicar el hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo y sexismo en el ámbito laboral, educativo, comunitario y en cualesquiera otros ámbitos;
2. Imponer responsabilidades y saciones, garantizando con ello los derechos humanos, la dignidad, el respeto y el bienestar de toda mujer u hombre de cualquier edad.

Esta ley tiene como objeto garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género. Comprende a mujeres de todas las edades, mujeres trans, de las diversas orientaciones sexuales, condición socioeconómica, pertenencia territorial, creencia, origen cultural y étnico-racial o situación de discapacidad, sin distinción ni discriminación alguna. Se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, sanción y reparación.

La ley  entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción u omisión, en el ámbito público o el privado que,  sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres.

El artículo 6º determina que  se constituyen  como manifestaciones de violencia basada en género, no excluyentes entre sí ni de otras que pudieran no encontrarse explicitadas, la violencia física,   violencia psicológica o emocional,   violencia sexual,   violencia por prejuicio hacia la orientación sexual, identidad de género o expresión de género,   violencia económica,   violencia patrimonial, violencia simbólica,   violencia obstétrica,   violencia   laboral,   violencia en el ámbito educativo, el acoso sexual callejero, la violencia política, violencia mediática, violencia feminicida, violencia doméstica, violencia comunitaria, violencia institucional y violencia étnica racial.

La ley 13.505 agrega artículos a la ley 11.340/2006 (Ley Maria da Penha), para disponer sobre el derecho de la mujer en situación de violencia doméstica y familiar de recibir atención policial y pericial especializada, continuada y brindada, preferentemente, por servidores del sexo femenino previamente capacitados (art. 10-A).

Agrega el artículo 10-A a la ley 11.340, donde, en su párrafo 1º, establece que el interrogatorio de la mujer en situación de violencia doméstica y familiar, o de testigo de esta, deberá salvaguardar su integridad física, psíquica y emocional (inciso I). Asimismo, instituye la garantía de que, bajo ninguna hipótesis, la mujer en situación de violencia doméstica y familiar tendrá contacto directo con investigados o sospechosos y personas relacionadas (inciso II), de manera de no revictimizar a la mujer, evitándose sucesivos interrogatorios sobre el mismo hecho en los ámbitos criminal, civil y administrativo, así como interrogatorios sobre su vida privada (inciso III). El párrafo 2º del mismo artículo establece que el interrogatorio deberá ser intermediado por profesional especializado en violencia domestica y familiar, en un lugar definido especialmente para este fin.

Finalmente, la ley incorpora el artículo 12-A a la Ley Maria da Penha, estableciendo que los Estados y el Distrito Federal, en la formulación de sus políticas y planes de atención a la mujer en situación de violencia doméstica y familiar, deberán priorizar en el ámbito de la Policía Civil, la creación de comisarias especializadas de atención a la mujer, de núcleos investigativos de feminicidio y de equipos especializados para la atención e investigación de violencias graves contra la mujer.

This Act makes provision for the protection of employees from sexual harassment in the workplace.