“La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades” Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer, “Convención de Belem do Para”, 1994

Investigación y estadísticas han demostrado que la violencia sexual (VS) constituye uno de los problemas de derechos humanos más extendidos que ocurre en el mundo, incluyendo en América Latina y el Caribe. Es un indicador crítico de marginación, desigualdad, exclusión y discriminación de género contra las mujeres que tiene implicaciones en la autonomía, la autodeterminación, la salud individual y colectiva, y el ejercicio de la ciudadanía.

La prevención y abordaje de violencia sexual es de suma importancia para el logro de las metas de desarrollo y la igualdad de género. Hasta hoy, los gobiernos en la región de ALC han logrados avances en legislación, prevención y provisión de servicios y acceso a la justica. Sin embargo, las respuestas institucionales a la VS en la región no han logrado el alcance necesario para producir los grandes cambios en los factores estructurales que la determinan, en las prioridades sectoriales, la investigación y sistemas de información, ni en las normas socioculturales y simbólicas que la perpetúan.