Establece la creación de la Política Nacional de Cuidados, cuyo objetivo es garantizar el derecho al cuidado mediante la promoción de la corresponsabilidad social y de género en la provisión de cuidados, considerando las múltiples desigualdades existentes.

Esta política tiene como objetivos: asegurar el derecho al cuidado de manera gradual y progresiva, a través de un enfoque integral que reconozca la interdependencia entre quien cuida y quien es cuidado; fomentar políticas públicas que garanticen el acceso a cuidados de calidad para ambas partes; impulsar acciones en el sector público que permitan la conciliación entre el trabajo remunerado, las necesidades de cuidado y las responsabilidades familiares; incentivar la implementación de medidas similares en el sector privado y en la sociedad civil; garantizar condiciones de trabajo decente para quienes se dedican al cuidado remunerado, combatiendo la precarización y explotación laboral; reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado, mayoritariamente realizado por mujeres; abordar las desigualdades estructurales en el acceso al derecho al cuidado, reconociendo la diversidad tanto de quienes cuidan como de quienes reciben cuidados; y promover un cambio cultural en la organización social del trabajo de cuidado.

Institui pensão especial aos filhos e dependentes crianças ou adolescentes, órfãos em razão do crime de feminicídio tipificado no inciso VI do § 2º do art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), cuja renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.

Decreto que instituye el Grupo de Trabajo Interministerial, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo y Asistencia  Social, Familia y Combate contra el Hambre y el Ministerio de las Mujeres, con la finalidad de elaborar la propuesta de Política Nacional de Cuidados y la propuesta de Plan Nacional de Cuidados en Brasil. El Grupo de Trabajo Interministerial estará encargado de formular diagnósticos sobre la organización social de los cuidados en el país, incluyendo la identificación de políoticas, pogramas y servicios existentes relativos a la oferta y las necesidades de cuidados,  elaborar la propuesta de  Polítca Nacional de Cuidados y el Plan Nacional de Cuidados.

Define el programa de cooperación Sinal Vermelho contra la Violencia Doméstica como una de las medidas para combatir la violencia doméstica y familiar contra las mujeres previstas en la Ley 11.340 (Ley Maria da Penha), y el Código Penal, en todo el territorio nacional; modifica la modalidad de sanción por daño corporal simple cometido contra la mujer por razón de género femenino, y crea el tipo penal de violencia psicológica contra la mujer en el Código Penal.

Modifica la Ley N ° 8.742, para establecer parámetros adicionales para caracterizar la situación de vulnerabilidad social a los efectos de la elegibilidad para el beneficio de prestación continua (BPC), y establece medidas excepcionales de protección social que se amplían en caso de personas en estado de dependencia durante el período de enfrentamiento del coronavirus.

La ley 14.022 establece medidas para combatir la violencia doméstica y familiar contra las mujeres y contra niños, adolescentes, ancianos y personas con discapacidad durante la emergencia de salud pública de debido al coronavirus responsable del brote de 2019. Los servicios públicos y actividades esenciales, cuyo funcionamiento deberá ser resguardado, incluyen las relacionadas con la atención a la mujer en situación de violencia doméstica y familiar, en los términos de la Ley 11.340 (Ley María da Penha). Establece la mantención sin suspensión de las medidas de protección relacionadas con hechos de violencia intrafamiliar. Asimismo, el registro de los hechos de violencia intrafamiliar contra la mujer y los delitos cometidos contra niños, adolescentes, ancianos o personas con discapacidad podrá efectuarse de forma electrónica o mediante un teléfono de emergencia designado al efecto por los organismos seguridad pública.

Bajo la Enmienda Constitucional n. 103 que modifica el sistema de seguridad social, el ss 12 del art. 201, sobre las disposiciones de la seguridad social, señala que la ley establecerá un régimen especial para la inclusión en la seguridad social de los trabajadores de bajos ingresos y de aquellos que no tengan ingresos propios, que se dediquen exclusivamente al trabajo doméstico dentro de sus hogares, siempre que sean miembros de familias de bajos ingresos, garantizándoles el acceso a prestaciones iguales a un salario mínimo.

Modifica la ley Maria da Penha (Ley Nº11.340) para establecer que, una vez hecho el registro de la ocurrencia del caso de violencia doméstica y familiar contra la mujer, la autoridad policial deberá verificar si el agresor posee registro de posesión de arma de fuego y, en la hipótesis de la existencia, notificarlo a la institución responsable por la emisión del registro del arma, en los términos de la Ley 10.826, "Estatuto del Desarmamiento".

Establece, además, que el juez deberá, en un plazo de 48 horas luego de haber recibido el proceso, determinar la aprensión inmediata del arma de fuego del agresor.

Modifica la ley Maria da Penha (Ley Nº11.340) para establecer que la mujer víctima de violencia doméstica y familiar tiene proridad para matricular sus dependientes en institución de educación básica más cercana a su local de residencia, o transferirlo para esa institución, a través de la presentación de documentos que comprueben el registro de la ocurrencia policial o del proceso de violencia familiar en curso.

Establece, además, que serán sigilosos los datos de la mujer y de sus dependientes, siendo estos de acceso reservado al juez, al Ministerio Público y a los órganos competentes del poder público.

Modifica la ley Maria da Penha (Ley Nº11.340) para permitir, en las hipótesis especificadas, la aplicación de medida de protección de urgencia por la autoridad judicial o policial a la mujer en situación de violencia doméstica y familiar, o a sus dependientes.

La principal modificación se refiere a que el agente policial - y no más solamente la autoridad judicial o el jefe de la unidad policial local de investigaciones - podrá emitir la medida de protección de urgencia. En el caso de que la medida sea emitida por el jefe de la unidad policial local de investigaciones o el agente policial, la autoridad judicial deberá ser comunicada en un plazo máximo de 24 horas y decidirá, en igual plazo, sobre la mantención o revocación de esta.

La ley determina, además, que las medidas de protección de urgencia deben ser registradas en un banco de datos mantenido y reglamentado por el Consejo Nacional de Justicia, garantizando el acceso del Ministerio Público, de la Defensoría Pública y de los órganos de seguridad pública y asistencia social, con el objetivo de fiscalizar y dar efectividad a las medidas de protección.

Modifica el artículo 1520 del Código Civil, estableciendo que no se permitirá el matrimonio de quienes no hayan alcanzado la edad núbil, en cumplimiento del artículo 1517, el cual prescribe que los hombres y mujeres de dieciséis años pueden contraer matrimonio, previa autorización de ambos padres o de sus representantes legales, hasta alcanzar la mayoría de edad.

Los casos en que exista prueba o constatación de violencia contra mujeres atendidas en los servicios de salud públicos y privados son de notificación obligatoria en todo el territorio nacional, y serán comunicados obligatoriamente a la autoridad policial dentro de las 24 (veinticuatro) horas, para las medidas oportunas y con fines estadísticos.

Modifica la Ley 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Ley María da Penha), para establecer la competencia de los Tribunales de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer para divorcios, separaciones, nulidades matrimoniales o disolución de una unión estable en casos de violencia y obligar a las víctimas a ser informadas sobre la posibilidad de que los servicios de asistencia letrada presenten las acciones mencionadas; y modifica la Ley N ° 13.105, de 16 de marzo de 2015 (Código de Procedimiento Civil), para disponer la jurisdicción de la jurisdicción del domicilio de la víctima de violencia doméstica y familiar para divorcio, separación judicial, nulidad matrimonial y reconocimiento de unión estable a disolverse.

Modifica la Ley 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Ley María da Penha), para disponer la responsabilidad del agresor de reembolsar los costos relacionados con los servicios de salud que brinda el Sistema Único de Salud (SUS) a las víctimas de violencia intrafamiliar y y los dispositivos de seguridad que utilizan. 

Modifica la ley nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Ley Maria da Penha) y el Código Penal para reconocer que la violación de la intimidad de la mujer configura violencia doméstica y familiar, y para criminalizar el registro no autorizado de contenido con escena de desnudez o acto sexual libidinoso de carácter íntimo y privado.