Regulamento

Esta Sentencia del Tribunal Constitucional, acoge la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra la parte in fine del artículo 54 del Código de Trabajo de la República Dominicana de 1992 (Ley núm. 16-92), por vulnerar el derecho a la igualdad, el principio de razonabilidad, los derechos de familia y el principio de interés superior del niño, establecidos en los artículos 39, 40.15, 55 y 56 de la Constitución Dominicana. La Sentencia entiende que es muy poco el tiempo establecido para la licencia de paternidad y exhorta al Congreso Nacional a revisar, en un plazo no mayor a dos años, la parte in fine del artículo 54 del Código de Trabajo de la República Dominicana, en lo concerniente al período de licencia de paternidad reconocido a todo trabajador, estableciendo un nuevo plazo de duración que resulte más acorde a los principios de igualdad y razonabilidad, plazo que deberá ser ajustado progresivamente, según las circunstancias socioeconómicas lo permitan, hasta alcanzar un período de licencia que garantice real y efectivamente el ejercicio de una paternidad responsable en condiciones de igualdad de género.

Ley que crea el Sistema Integral de Cuidados para el Estado de Jalisco, México, entendido como un conjunto de acciones y medidas orientadas al diseño e implementación de programas y políticas públicas transversales, con enfoque de género, interculturalidad e interseccionalidad, en materia de cuidados. La presente Ley reconoce a los cuidados como un pilar del desarrollo y el bienestar social y busca garantizar el reconocimiento, reducción y redistribución de los cuidados, así como las condiciones dignas para todas las personas involucradas en los cuidados, procurando el desarrollo de capacidades y aptitudes que favorezcan la funcionalidad de las personas, su autonomía progresiva, su integración social y su autoestima. Este Sistema se concibe como un modelo solidario y corresponsable entre familias, estado, comunidad y sector privado para la protección de la niñez, las adolescencias y las personas adultas mayores con pérdida de autonomía, así como personas con alguna enfermedad crónica o discapacidad.

Modifica las Leyes 19.121, de fecha 20 de agosto de 2013, y 19.161, de fecha 1° de noviembre de 2013 sobre la licencia opr paternidad. Extiende la duración de la licencia de paternidad a diecisiete (17) días continuos para trabajadores de la actividad privada, y diez (10) días hábiles o veinte (20) días continuos para funcionarios públicos.

Texto consolidado del Decreto Ley 56 de la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias, incluyendo las modificaciones del DL 84/24 y DL 71/23. Establece regulaciones relativas a la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias. En su artículo 1, asegura y facilita a la mujer trabajadora la atención médica durante el embarazo, el descanso pre y posnatal, la lactancia materna y, a ambos padres, el cuidado de las hijas y los hijos; regula las prestaciones monetarias, económica y social, desde las treinta y cuatro (34) semanas de embarazo o treinta y dos (32) si es múltiple, y hasta que el menor arribe a sus primeros quince (15) meses de vida; extiende el ejercicio del derecho a la protección establecida para el cuidado del menor a otras personas que trabajan, como consecuencia de la multiparentalidad, la filiación adoptiva, asistida y socioafectiva, según los tipos y fuentes de filiación previstos en el “Código de las Familias”.

Normativa que  reconoce el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, entendiendo la violencia contra las mujeres como un fenómeno estructural que se expresa en las diversas dimensiones de la vida y que tiene múltiples manifestaciones. Un aspecto fundamental de la normativa es que mandata a los órganos del Estado a actuar con estándares de debida diligencia, lo que implica que investiguen o juzguen hechos de violencia de género, según corresponda, y adopten medidas oportunas, idóneas, y exhaustivas.

El presente Decreto-Ley modifica el Decreto Ley 56 de la maternidad de las trabajadoras y la responsabilidad de las familias. Su objeto es establecer regulaciones relativas a la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias. De acuerdo con la modificación al Artículo 1, busca asegurar y facilitar a la mujer trabajadora la atención médica durante el embarazo, el descanso pre y posnatal, la lactancia materna y, a ambos padres, el cuidado de las hijas y los hijos. Asímismo, se orienta a regular las prestaciones monetarias, económica y social, desde las treinta y cuatro semanas (34) de embarazo y extiende el ejercicio del derecho a la protección establecida para el cuidado del menor a otras personas que trabajan, como consecuencia de la multiparentalidad, la filiación adoptiva, asistida y socioafectiva, según los tipos y fuentes de filiación previstos en el “Código de las Familias”. Modifica también el artículo 8, que establece que la prestación social es la cuantía que se otorga a la madre, padre o a uno de los abuelos maternos o paternos a quien se encarga el cuidado del menor, al vencimiento de la licencia posnatal y hasta que este arribe a los quince (15) meses de vida.

La presente ley, establece el derecho al trabajo a distancia o teletrabajo para todos los trabajadores y trabajadoras que tengan a su cuidado menores de catorce años, a una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, no importando la edad de quien se cuida, y que no reciban remuneraciones por esta labor, a que toda su jornada o parte de ella,  sea diaria o semanal  pueda ser ejecutada bajo la modalidad del trabajo a distancia, en la medida que la naturaleza de su labor lo permita.

Toda persona mayor de dieciocho años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad.

Institui pensão especial aos filhos e dependentes crianças ou adolescentes, órfãos em razão do crime de feminicídio tipificado no inciso VI do § 2º do art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), cuja renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.

El presente Decreto tiene por objeto establecer el Protocolo de actuación ante situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral, en lo adelante el Protocolo, que permita su identificación, prevención y control; la capacitación de los trabajadores y empleadores; así como la asistencia a los afectados, lo que contribuye a garantizar el disfrute de sus derechos de trabajo.

Modifica el artículo 31 del Decreto Ley Nº 13214, del 24 de diciembre de 1975, elevado a rango de Ley por Ley Nº006, del 1 de mayo de 2010. El derecho al subsidio de maternidad anterior al parto de 45 días, podrá ser diferido parcialmente, y acumulado a los 45 días posteriores al parto, de manera excepcional y previo cumplimiento de los controles prenatales, a las mujeres en todo ámbito laboral.

Decreto a través del cual se adopta la estructura del Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia. En su artículo 28, establece que es la responsabilidad del Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Cuidado, de acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos vigentes. Asimismo, en su artículo 30 crea la Dirección del Cuidado, cuyas función principal es diseñar, implementar y coordinar políticas, programas y estrategias para promover el reconocimiento, redistribución y garantía de los derechos de las personas que requieren cuidado, las personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas, trabajadoras domésticas y del hogar.

Ley que crea el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026. En su articulo 106, instruye al Ministerio de Igualdad y Equidad en el marco del Sistema Nacional de Cuidado a crear, fortalecer, e integrar una oferta de servicios para la formación, el bienestar, la generación de ingresos, fortalecimiento de capacidades para personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas así como servicios de cuidado y de desarrollo de capacidades para las personas que requieren cuidado o apoyo, a saber: niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores y demás poblaciones definidas por el Ministerio de la Igualdad y la Equidad.

Esta Ley tiene por objeto tutelar, proteger y regular el derecho al cuidado de personas trabajadoras respecto de sus hijos e hijas, dependientes directos, otros miembros de su familia directa que componen los diferentes tipos de familia, que de manera evidente necesiten su cuidado o protección, a fin de garantizar su ejercicio pleno.

La presente Ley tiene los siguientes fines:
1. Establecer las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho al cuidado, el otorgamiento de licencias y permisos remunerados y no remunerados, y el diseño e implementación de políticas para el goce de dicho derecho.
2. Garantizar la estabilidad laboral de las mujeres que se encuentran en periodo de embarazo, parto, puerperio y lactancia, que excepcionalmente se extiende al hombre cuando este se encuentre en periodo de lactancia conforme lo regula la ley.
3. Garantizar y promover la corresponsabilidad paterna para el cumplimiento de las obligaciones del derecho al cuidado de hijas e hijos recién nacidos, en período de lactancia y desarrollo y con discapacidad debidamente certificada por el órgano rector de la política nacional de salud.
4. Erradicar todo tipo de acoso, violencia y discriminación a las personas trabajadoras que pertenezcan al sector público y privado; y, que se encuentre en el ejercicio al cuidado en todas sus formas. 
5. Implementar programas de formación, sensibilización y difusión en derechos humanos con énfasis en el derecho al cuidado.

Tiene por objeto establecer un régimen de protección y reparación integral para las víctimas de femicidio y suicidio femicida, y sus familias, lo que se traduce, conforme lo señala su artículo 1, en la creación y fortalecimiento de acciones efectivas y necesarias por parte del Estado para dicho fin.  En este sentido, la ley establece un concepto de víctima en su artículo 2, que se caracteriza por incluir dentro de su alcance no solo a la persona ofendida directamente por el delito, sino también a otras personas vinculadas con ella, por ejemplo, sus hijos/as, o quienes se encuentran bajo sus cuidados, inclusive su pareja actual sin convivencia, y que cobra relevancia para efectos de determinar quiénes pueden de acceder a las medidas y prestaciones de esta legislación.