Establece la creación de la Política Nacional de Cuidados, cuyo objetivo es garantizar el derecho al cuidado mediante la promoción de la corresponsabilidad social y de género en la provisión de cuidados, considerando las múltiples desigualdades existentes.

Esta política tiene como objetivos: asegurar el derecho al cuidado de manera gradual y progresiva, a través de un enfoque integral que reconozca la interdependencia entre quien cuida y quien es cuidado; fomentar políticas públicas que garanticen el acceso a cuidados de calidad para ambas partes; impulsar acciones en el sector público que permitan la conciliación entre el trabajo remunerado, las necesidades de cuidado y las responsabilidades familiares; incentivar la implementación de medidas similares en el sector privado y en la sociedad civil; garantizar condiciones de trabajo decente para quienes se dedican al cuidado remunerado, combatiendo la precarización y explotación laboral; reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado, mayoritariamente realizado por mujeres; abordar las desigualdades estructurales en el acceso al derecho al cuidado, reconociendo la diversidad tanto de quienes cuidan como de quienes reciben cuidados; y promover un cambio cultural en la organización social del trabajo de cuidado.

En el Art. 152 penaliza a quienes infrinjan malos tratos físicos o psíquicos, castigos corporales, privación de la libertad y ofensas sexuales en el ámbito doméstico. Ya sea el cónyuge o el ex cónyuge, la pareja o ex pareja íntima cualquiera sea el sexo, el progenitor de descendencia común en primer grado, o cualquier persona que establezca con la víctima una relación de dependencia y cohabitación.

Establece la creación de una red pública de casas de acogida a mujeres víctimas de violencia.