El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró la actual emergencia mundial de salud pública. Debido a la pandemia COVID-19 se ha agravado la ya difícil situación de muchas personas en contextos de movilidad humana. Muchas mujeres migrantes están en la primera línea haciendo frente a la pandemia y, asimismo, ellas están entre las poblaciones que son más afectadas por los impactos de la COVID-19, tanto en términos de su salud (menores niveles de cobertura de salud y peores condiciones de vida) como a los impactos económicos (precariedad laboral, pérdida de ingresos) y sociales. El acceso limitado a la seguridad social las pone en un alto riesgo de perder sus medios de subsistencia, de contraer el virus y que no se respeten sus derechos humanos.