La presente ley tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible. Consagra el derecho de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional.
 

La ley Nº 21.030, promulgada el 14 de septiembre de 2017, al regular la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, modificó, entre otros, el Código Sanitario, sustituyendo su artículo 119 e incorporando los artículos 119 bis, 119 ter y 119 quáter.
En este marco, se aprueba el Reglamento para ejercer objeción de conciencia según lo dispuesto en el artículo 119 ter del referido Código a través del Decreto número 67 de 2018.
Queda establecido que el médico cirujano requerido para interrumpir el embarazo por alguna de las causales descritas en el inciso primero del artículo 119 del mismo cuerpo legal, podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiere manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa. Asimismo, el mismo precepto garantiza el derecho recién descrito al resto del personal de salud al que corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención. Finalmente,  esta norma legal señala que la objeción de conciencia podrá ser invocada por una institución.
Sin perjuicio de lo anterior, a través de su dictamen Nº 11.781, de 2018, la Contraloría General de la República señaló que ciertas instituciones de salud no pueden ser objetores de conciencia, entre ellos los establecimientos privados de salud que contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón y que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 36, de 1980, del Ministerio de Salud. Además, si la mujer requiere atención inmediata e impostergable, invocando la causal del Nº 1 del inciso primero del artículo 119 del Código Sanitario ("La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida"), el establecimiento que haya manifestado la objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo.

El nuevo Código del Sistema Penal, amplía las causales de despenalización del aborto. De acuerdo a esta legislación, el aborto no será punible durante las primeras ocho semanas de embarazo y en las siguientes circunstancias: cuando la mujer sea estudiante o tenga a su cargo personas adultas mayores, con discapacidad u otros menores consanguíneos o no; en caso de malformaciones fetales incompatibles con la vida; si el embarazo es consecuencia de una reproducción asistida no consentida por la mujer; y cuando la embarazada es niña o adolescente. Asimismo, tampoco constituirá infracción penal, durante las primeras ocho semanas, la interrupción voluntaria del embarazo cuando: se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada; se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la salud integral de la mujer embarazada; y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto.
 

El artículo 150 del Código Penal establece que el aborto no será punible cuando este sea practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, en los casos que esté en peligro la vida o la salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios y si el embarazo proviene de una violación cometida en una mujer que padezca de discapacidad mental.
En los artículos 147 a 149 se establecen los casos en que el aborto está penado y en las penas que se incurren. Se penaliza con 5 a 7 años de reclusión a quién haya hecho abortar a una mujer que no ha consentido en ello, y en caso de que la mujer lo haya consentido con prisión de 1 a 3 años. Se penaliza con prisión de seis meses a 2 años en el caso que la mujer consienta voluntariamente el aborto o se lo cause. En el caso que los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer cause la muerte de esta, se penaliza la persona que los haya aplicado o indicado con pena de 7 a 10 años de reclusión, si la mujer ha consentido en el aborto; y con reclusión de 13 a 16 años, si la mujer no ha consentido.